Tensión y abuso policial en Plaza Murillo por ley oficialista

La Plaza Murillo fue una vez más en su historia, testigo de una jornada que vio cómo el oficialismo consumó la aprobación de la denominada Ley de Consulta Previa que abre nuevamente la posibilidad de construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos dentro del núcleo del TIPNIS.

Mientras se producía la sanción de la norma por diputados del MAS, en las banquetas de la plaza se instalaba una vigilia protagonizada por legisladores de la bancada indígena y activistas de derechos humanos que con pancartas y exclamaciones rechazaban esta acción.

Al promediar las 17:00 horas, el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín junto al ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, quienes acompañaban a una comitiva de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) se presentaron en plaza Murillo para instalar una vigilia de protesta contra la aprobación de la Ley de Consulta en el pleno de la Cámara Baja.

Sin embargo, minutos después, como en ocasiones anteriores, aproximadamente un grupo de 30 efectivos policiales se hizo presente en el lugar con el objetivo de desalojar abruptamente a manifestantes y periodistas que realizaban la cobertura del suceso.

“Están atentando contra el pueblo, es un abuso de autoridad, solo se trata de una manifestación pacífica democrática, está en la Constitución. Los indígenas sólo están expresando su descontento, su bronca, porque en el parlamento se está aprobando una Ley que atenta contra otra Ley firmada por el propio Presidente”, manifestó Albarracín.

Cuando los miembros de la prensa, intentaron averiguar entre los altos mandos policiales quién había dado la orden de intervenir la reunión éstos fueron recibidos con empujones y prohibiciones de grabar cualquier declaración. Pese a estos hechos considerados arbitrarios por los medios informativos, los mismos continuaron con su labor.

Al notar esto, el grupo de uniformados cercó a manifestantes y periodistas insistiendo que se retiraran del lugar. Paralelamente a estos sucesos, un grupo de alrededor 15 personas, se hizo presente en Plaza Murillo para llevar a cabo una protesta en favor del Gobierno y de la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

“¡Traficantes de madera! ¡Queremos carretera!”, gritaban a los indígenas que se encontraban a tan sólo unos metros de distancia de ellos.

Mientras, quienes manifestaban su rechazo en contra de la consolidación de la vía, se negaban a dejar la plaza y aseguraron que no permitirían que se vulnere el derecho a la libre expresión.

“Vamos a defender así sea con nuestra vida, aquí no nos van a hacer renunciar a expresarnos con estos policías que nos reprimieron en Chaparina. Nosotros sólo estamos repudiando la actitud de nuestros gobernantes”, citó por su parte, la vicepresidenta de la Cidob, Nelly Romero.

Entretanto, en plena sesión parlamentaria, el diputado indígena Pedro Nuny, las diputadas Teresa Nominé y Cristina Valeroso abandonaban el pleno camaral en rechazo a la aprobación de la normativa, seguidos por parlamentarios opositores quienes también se retiraron de la sesión, argumentando apoyo en defensa de los pueblos indígenas.

“No vamos a ser cómplices de la consumación de un hecho nefasto, que demuestra el atropello y abuso del Gobierno en contra de nuestros hermanos indígenas”, decía Nuny y seguidamente se unió junto a las asambleístas que lo acompañaban a la protesta que se desarrollaba en Plaza Murillo.

Aproximadamente a las 18:30 horas, otro grupo de alrededor de 60 policías llegó a Plaza Murillo con el objetivo de retirar a quienes se manifestaban en contra de las determinaciones gubernamentales.

“Retírense por favor, no queremos usar la fuerza, puede haber enfrentamientos con el otro grupo. Sólo queremos que no los agredan”, decían los efectivos policiales.

Sin embargo, el otro grupo que apoyaba al Ejecutivo, fue retirado sin agresión alguna por parte de los uniformados.

Tras la salida de los activistas, una mujer aún en el perímetro de la plaza exclamaba “respeto al TIPNIS” e inmediatamente fue acorralada por seis policías que con empujones la sacaron hacia una de las cuadras adyacentes, en medio de los reclamos y protestas de la gente.

Finalmente, entre más agresiones físicas y amenazas, el grupo no tuvo otra alternativa que retirarse, mientras el contingente de ya 100 policías los “acompañaban”.

Pese al desalojo forzado de los representantes de la Cidob y los activistas de derechos humanos, algunos manifestantes fueron agredidos físicamente, incluyendo el diputado por Convergencia Nacional (CN), Andrés Ortega, quien intentaba defender a una mujer que era empujada por el grupo de custodia de kilómetro cero.