El presidente Evo Morales después que la Asamblea Legislativa ha comenzado a aprobar la Ley de Consulta para definir la construcción de la carretera por el TIPNIS, convocó a organizaciones sociales para que elaboren una Ley Marco de Consulta Previa. La medida anunciada fue cuestionada por su aplicación y formulación legal calificada como incongruente.
El ex defensor del Pueblo y abogado de profesión, Waldo Albarracín, aseguró que la aprobación de la Ley de Consulta además de la convocatoria del Primer Mandatario refleja la incongruencia del Gobierno en el tema del TIPNIS y los derechos de los pueblos originarios.
Advirtió que la normativa que fue aprobada ayer en el plenario de la Asamblea Legislativa y que espera la promulgación del presidente Evo Morales, abrirá la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad ante las instancias internas, pero también a recurrir a estrados internacionales en caso de que el Tribunal Constitucional asuma una posición evidentemente parcializada con el Gobierno.
Ayer, horas antes de la aprobación de la Ley de Consulta en la Cámara de Diputados, el mandatario Evo Morales, convocó a una cumbre de organizaciones sociales para elaborar la Ley Marco de Consulta Previa, este 15 de febrero y asumió la carencia de este instrumento legal en temas relacionados a los pueblos originarios.
“Es una verdad que no tenemos una Ley Marco y por eso quiero convocar a una gran reunión con los movimientos sociales con representación nacional, los campesino indígena originarios para el día 15 de la próxima semana para organizar una comisión técnica-jurídica para realizar este anteproyecto de Ley Marco de Consulta Previa”, declaró el mandatario en Oruro donde permanece desde hace cinco días.
Morales Ayma acotó que la cumbre está abierta a todos los sectores de la sociedad, pero los “movimientos campesinos” tendrán prioridad.
El procedimiento de consulta para la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos tiene serias observaciones desde sectores y dirigencias indígenas así como legisladores de oposición.
Por un lado los representantes de la subcentral TIPNIS y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) plantean que este proceso establecido en la Carta Magna fue aplicado por los habitantes de la reserva natural , cuando el 10 de mayo de 2010 se desarrolló el encuentro de corregidores de las 64 comunidades estableciendo una resolución que cita: “Rechazar contundentemente e innegociablemente la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos o todo trazo carretero que afecte nuestro territorio, nuestra Casa Grande”.
Para la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, la ley aprobada es inconstitucional, porque además existe un antecedente de reglamento de consulta para proyectos hidrocarburíferos, por lo que el oficialismo estaría tratando de “marear la perdiz” en este tema.
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