El Tribunal Supremo español condenó ayer al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchar las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en un caso de corrupción.
El fallo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.
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