Aumento de detenidos preventivos rebasa capacidad de penales del país

EL DIARIO y agencias.- El director general de Régimen Penitenciario, Antonio Sueiro, que dejó su cargo el miércoles a disposición del ministro de Gobierno, Carlos Romero, mencionó ayer que el incremento del 22,43% de detenidos preventivos por la retardación de justicia, “colapsa” las cárceles bolivianas, las mismas que son rebasadas en su capacidad.

“El 2011 hemos tenido un incremento de 2.110 privados de libertad que hacen 22,43 por ciento de la población penal que son víctimas de retardación de justicia en el Poder Judicial y el Ministerio Público”, precisó.

Explicó que en el país existen 11.516 privados de libertad, de los cuales 10.172 (88%) son varones y 1.344 mujeres (12%). De ese total, 9.626 son detenidos preventivos y 1.890 tienen sentencia.

Sueiro considera que la retardación de justicia se incrementó porque el Ministerio Público se limita a detener a las personas y no concluye los procesos con celeridad.

“Expreso mi preocupación porque el hacinamiento de las cárceles del país, se debe a las detenciones preventivas que existe y, por ello, el Ministerio de Gobierno ejecuta varios planes para resolver este complejo conflicto”, argumentó.

En ese marco, ratificó que los 11.516 reclusos y reclusas superan la capacidad instalada de los 89 recintos penitenciarios de Bolivia. El resto son viejas casas o vetustos conventos precariamente refaccionados, matizó.

Dijo que esa situación se agrava porque sólo seis complejos fueron construidos para reclusorios: Chonchocoro en La Paz, Cantumarca en Potosí, Palmasola en Santa Cruz (su función fue desvirtuada con el tiempo), Mocoví en Beni, Morros Blancos en Tarija y El Abra en Cochabamba.

Según datos oficiales, en Chuquisaca están registrados 336 privados de libertad; en La Paz, 2.626; Cochabamba, 2.187; Oruro, 411; Potosí, 416; Tarija, 603; Santa Cruz, 4.122; Beni, 620 y en Pando, 193.

“La retardación continúa y hace daño a una institución tan débil económicamente como es la Dirección General de Régimen Penitenciario, pero me voy con una satisfacción de que hemos podido aportar en lo que se puede”, remarcó Sueiro.

A su juicio, deja un proyecto para solucionar esa grave problemática y para humanizar la situación de las cárceles bolivianas, mejorando la infraestructura y construyendo cárceles modernas.

En tanto, en horas de la mañana, internos del penal de “San Pedro”, determinaron iniciar medidas de presión en contra de jueces y fiscales por la retardación de justicia y la mala atención de los médicos dentro del recinto, donde se encuentran ancianos con enfermedades terminales.

El representante de los internos, Ever Quilichi, calificó a jueces y fiscales como inoperantes en la administración de la justicia, lo que a su juicio dio lugar a que muchos de los privados de libertad con más de tres años aún no cuenten con sentencia de inocencia o culpabilidad.

“Nos vemos obligados a tomar medidas de presión en contra de las autoridades judiciales, porque existe demasiada injusticia, al extremo que desde hace más de tres años, se encuentran en la cárcel ancianos que tienen más de 60 años de edad y que hasta el momento no tienen resuelto su problema judicial”, señaló.

Por su parte Virginia Crespo, presidenta de la Corte Superior de Distrito de La Paz, anunció que efectuará una reunión con los internos con la finalidad de explicar los proyectos que tiene a largo plazo, con el objetivo de dar solución a las demandas de los reclusos.

En tanto, Hernán Cabrera, Defensor del Pueblo de la ciudad de Santa Cruz, señaló que de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA), de la presente gestión se tiene programado la construcción de 10 centros penitenciarios en todo el territorio nacional, dos de las cuales beneficiarán al departamento cruceño.

Las dos cárceles que serán construidas en ese departamento se efectuarán en las poblaciones de Montero de la provincia de Obispo Santiesteban y otro, en Puerto Suárez de la provincia Germán Busch, las mismas serán modernas en cuanto a infraestructura, según Cabrera.

El tiempo establecido por el Gobierno para la construcción de las 10 cárceles es de siete años, lo que no dejó de preocupar al representante de la defensoría.

“De lo que estamos tranquilos es que a pesar del tiempo que nos parece un poco largo, es que todo esto se encuentran dentro el POA, lo que nos da la señal de que estas obras serán una realidad”, aseveró.