Para nadie es desconocido que la trasnacional de las drogas es potencialmente fuerte en lo económico, político y social. Es una organización bien definida y delimitada en sus objetivos; tiene diseminada su actuación en todo el mundo porque éste alberga a sus agencias, cómplices y empresas que, bien mimetizadas, trabajan en pro de difundir y agrandar el negocio letal de las drogas. En nuestro país, hace pocos días, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que cumple gran labor en la erradicación de cocales, fue atacada por fuerzas del narcotráfico.
La FTC actúa en La Asunta, Litoral, Río Cajones, Puerto Rico y otros sitios en los que se cultiva la coca. El Gobierno intentó, por diversos medios, que sean aplicadas las políticas alternativas y la FTC, al comprobar que ninguna demanda oficial era obedecida, procedió a erradicar cultivos. Estas acciones no convencieron a los narcotraficantes, que han hecho de toda la región yungueña una especie de “paraíso de la coca”, inclusive comprando pequeñas propiedades y apoderándose por cualquier medio de aquellas que no pudieron adquirirlas legalmente. Estas propiedades han sido convertidas en cocales y sus habitantes utilizados para los cultivos que, aunque implican mejores ganancias financieras, complican a esas personas en el fatal negocio.
Las tareas que cumple la Fuerza de Tarea Conjunta son encomiables desde todo punto de vista y lo ideal sería que se pida a la DEA su retorno para que, conjuntamente, pueda llevar a cabo acciones punitivas y definitivas contra los cultivos de coca y contra los fabricantes de droga en todo el país. Descuidar a la FTC, importante dependencia, sería totalmente irracional y contrario no sólo a los intereses del Estado sino al cumplimiento de los deberes por parte del Gobierno que, hasta por compromisos realizados últimamente con Estados Unidos y el Brasil, está obligado a combatir drásticamente al narcotráfico.
Los enfrentamientos producidos por el narcotráfico contra miembros de la FTC han causado víctimas de gravedad. El Gobierno informó sobre investigaciones para dar con los culpables; pero, como siempre, las acciones de quienes deben investigar conjuntamente los fiscales, tardan mucho y no hay poder que los mueva para acelerar lo que deberían haber cumplido hace rato. En muchos casos, en el lejano pasado y en el inmediato se ha dejado para las “calendas griegas” investigaciones de casos que han cobrado muchas vidas. Estas políticas han alentado el negocio de las drogas para expandir más su accionar y pueda obrar con total inmunidad e impunidad en diversos sitios del país, al extremo de que fueron descubiertas instalaciones que fabrican muchas toneladas de cocaína y además disponen de medios de transporte que sacan la droga de nuestro territorio para que los “países puente” se encarguen de actuar conjuntamente los comercializadores.
Investigar y dar con los autores de los hechos producidos en varios sitios de los Yungas contra fuerzas de la FTC es acción que no debe postergarse, aunque - según reconocimiento de las mismas autoridades - será difícil dar con ellos o, en casos, tener que enfrentar nuevos hechos en los que resultemos más perdedores que victoriosos en una guerra contra el delito que, parece, no podrá tener fin si no hay acciones decisivas con la cooperación de entidades como la DEA y otras fuerzas especiales con que cuentan Estados Unidos y Brasil. El Gobierno, para evitar ser rebasado por el narcotráfico, debe actuar con mayor diligencia y energía.
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