UN califica de contradictorias declaraciones de presidentas

Las presidentas de Cámaras de Senadores y Diputados, Gabriela Montaño y Rebeca Delgado, respectivamente, ratificaron que sería inconstitucional la realización de la anunciada novena marcha de Tierras Bajas. La oposición afirma que se trata de una actitud contradictoria y discriminatoria.

La diputada por Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, expresó que la actitud manifestada por parte de las presidentas de ambas cámaras es considerada como una forma de discriminación, puesto que el Gobierno vería con buenos ojos las marchas que favorece a su régimen, pero no así a las que van en contra suya.

Reyes recordó que “la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce en nuestro país el derecho a la movilización y la protesta que tiene cualquier ciudadano según la visión ideológica y política que tienen; el no estar de acuerdo también es parte del derecho democrático”.

Con relación a lo expresado por las presidentas, el diputado de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, mencionó que a nadie le debe extrañar que las presidentas realicen ese tipo de declaraciones, debido a que estarían “contaminadas” con una posición política.

PRESIDENTAS DEL LEGISLATIVO

Durante la conferencia realizada ayer, las presidentas de ambas Cámaras señalaron que sería injustificado llevar a cabo una marcha en contra de la Ley de Consulta Previa debido a que significaría ir en contra de los derechos que tienen las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) a ser consultados.

“La Consulta Previa es un proceso de construcción, de acuerdos, dentro de las etapas señaladas de la Ley; la primera etapa es de preparación donde se construye un protocolo el que detallará cuáles serán los mecanismos concretos en cada una de las etapas del proceso”, indicó Montaño.

Tanto Gabriela Montaño, como Rebeca Delgado, fueron las coordinadoras en la redacción de la Ley 222 de Consulta, conjuntamente a la dirigencia de la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur) por mandato del vicepresidente Alvaro García Linera.

En menos de una semana, al norma de 11 artículos fue elaborada, consensuada y aprobada por la Asamblea Legislativa antes de la promulgación efectuada por el mandatario Evo Morales.