Alrededor de 450 propietarios de lotes en el barrio de San Juan, correspondiente al Distrito Municipal 12, serían afectados por la supuesta modificación de su planimetría realizada por loteadores, según afirmó Carlos Tambo, representante de los vecinos.
El entrevistado asegura que el sector lleva 30 años viviendo en constantes procesos judiciales con la finalidad de hacer respetar los derechos propietarios adquiridos en 1982. Asimismo, aclaró que en la mencionada fecha el terreno pertenecía al municipio de Laja y que en 1999, con la nueva Ley de Límites, pasó a jurisdicción del municipio de El Alto teniendo una nueva modificación de la planimetría del lugar en ese entonces.
“Es desde esos años que continuamos en juicios en contra de la que en su momento nos vendió los lotes en Bs 48 mil como primer pago, Bs 60 mil como segundo y Bs 15 mil como tercer pago, haciendo un total de 123 mil bolivianos”, lamentó.
Por otra parte, sostuvo que este pago no es reconocido por la denunciada, conocida como Aida Marañón y que además el Ministerio Público y una fiscal se habrían parcializado con ella generando un daño económico a las 450 familias de la zona.
“Es por eso que nosotros con la marcha de protesta solicitamos una fiscalización en contra del proceso y la defensa efectuada por parte de los fiscales”, afirmó Tambo.
Los vecinos de la zona afectados por el proceso observan además que autoridades municipales en la gestión 1990 habrían permitido la modificación de la planimetría con la finalidad de pretender volver a vender nuevamente dichos lotes por lo que contarían con argumentos legales necesarios para encarar procesos penales contra los denunciados.
“Estamos solicitando que se efectúe el respectivo proceso penal tanto al intento de invalidad los testimonios, así como a funcionarios públicos que son cómplices de la modificación de dicha planimetría que permite dicho ilícito, de lo contrario las medidas de presión se inician a partir de la fecha”, advirtió.
Por otra parte, de acuerdo al informe de la organización Habitat International Coalition, el 2004 se identificaba en la ciudad de El Alto alrededor de un 25% de lotes que presentaban problemas legales, con supuestos loteadores, donde la mayoría de los habitantes construían de manera independiente sus propias viviendas.
A su turno, Alicia Ticona, una de las afectadas de la zona, advirtió que el proceso tiene una duración de media vida, la misma que es ahora asumida incluso por los hijos de los propietarios de las viviendas en la urbanización.
“Vamos a denunciar a las autoridades del Ejecutivo, a la ministra de transparencia Nardi Suxo y a la Fiscal de Distrito, con la finalidad de que se procese a los malos funcionarios públicos que acepten defender a loteadores en desmedro del bien común, en desmedro del derecho propietarios y afectando las garantías judiciales”, expresó.
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