Republiquetas

Cinco nuevos municipios indígena-campesinos acaban de dotarse de estatutos autonómicos, incrementando estas unidades políticas emergentes. Estos estatutos son calco de un libreto único con no pocas curiosidades que invitan al asombro. Si se aprecia que en el país están reconocidos más de 339 municipios, la mayoría de carácter rural-campesino, y según la Constitución hay 36 pueblos originarios, nueve departamentos, más las regiones y todos son o serán autónomos, la conclusión es que Bolivia se fragmenta en lo territorial, político, administrativo y financiero como un inextricable mosaico, una mixtura de gobiernos y jurisdicciones, con el añadido de que los idiomas oficiales son 37, incluido el castellano, resultando el absurdo más próximo a la Torre de Babel; un pandemónium de intereses e contradicciones.

Veamos los efectos de la liberalidad con la que la actual Constitución abre el camino a las republiquetas de nuevo cuño. Vienen a sumarse en consecuencia los municipios de Jesús de Machaca, Mojocoya, Uru-chipaya, Totora Marka y Aullagas, gobernados según sus estatutos autonómicos por órganos Legislativo y Ejecutivo de tipo plural, pudiendo dictar leyes y reglamentos, contratar empréstitos internos y externos. ¡Oh!, maravilla. Por ejemplo el Jatun Kamachi es una especie de Presidente de los Mojocoya, así que Evo Morales, Jefe del Estado, tendrá que compartir el poder como antaño los reyes con una infinidad de señoríos. Al tratarse de municipios queda en pie el alcalde y el concejo municipal, para satisfacción de muchos aspirantes y pocos gobernados. El aparato estatal mencionado tiene denominaciones en sus propias lenguas y a sus miembros se les asigna una vestimenta autóctona. El resto viste convencionalmente.

Casi todos estos mini-estados admiten los símbolos nacionales contemplados en la Carta Magna (bandera, escudo, whipala, etc.), pero se atribuyen una bandera exclusiva y un himno. Los Uru-chipayas se identifican solamente con la Kiwuna de cuatro colores. Como se ve estas características son objetivamente una continuidad “colonialista” tanto en el sistema de gobierno como en la simbología. Lo judicial se reparte entre la familia, la comunidad, el ayllu y la marka, añadiendo los chipayas una instancia de revisión. Son lenguajes “oficiales” el castellano, aymara, quechua o el uruchipaya, según la región, lo que hace de la lengua de Cervantes una común y arraigada realidad.

El sistema económico-financiero es universal a los cinco pueblos y la fuente no podía ser otra que el IDH, las regalías departamentales, la coparticipación tributaria y una cuota parte del Fondo Indígena de Desarrollo, recursos en gran medida generados por la ciudadanía no originaria y contribuyente al Fisco. Este rubro financiero da la pauta segura de la incorporación diligente al régimen autonómico, iluminada por un nuevo filón burocrático. Si el jacha Estado cotiza a sus autoridades y funcionarios, por qué no los mini-estados originarios. Algunos de tales municipios tienen facultad de cobrar sus propios impuestos y tasas, en un medio tradicionalmente resistente al pago de tributos.

La cúpula soberana de estos reinos es el Magno Congreso (sic), en cuyo seno radica la elección de candidatos al poder legislativo (léase al propio y a la Asamblea Plurinacional), lo que nos hace ver otra modalidad muy democrática, pero también demasiado occidental. Las características mencionadas muestran de lejos que han quedado atrás los usos y costumbres ancestrales, resaltando en su lugar un acomodo de jaez colonial y republicano a despecho del Estado Plurinacional.

No sólo lo anterior sino que hemos retrocedido a las prácticas políticas de la antigüedad -no perdidas en la noche de los tiempos, como se quisiera- navegando en un estrecho archipiélago de ciudades-estados al puro estilo griego. Basta discurrir para comprobar que el retroceso excede a la conformación del Estado como aporte político moderno, el que dio consistencia y unidad a desperdigados pueblos para convertirlos en grandes unidades nacionales. A este paso tenemos más de una confederación de republiquetas que de un Estado Nacional.

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