El objetivo de promocionar “la otra cara de Evo” se ha convertido en una misión novedosa que la nueva ministra de Comunicación, Amanda Dávila, ha emprendido a partir de una audiencia abierta con personeros de instituciones representativas de la prensa nacional. Desde aquel momento, los periodistas sienten “un moderado optimismo” en las relaciones que pueda el Gobierno mantener, especialmente, con los hombres de prensa que están en directa relación con la estructura del Gobierno y su partido.
La sorpresiva y sorprendente amabilidad de una persona que siempre ha tratado mal a quienes se aproximan en cumplimiento de la sagrada misión de informarse y cumplir con el derecho que tiene la ciudadanía de recibir información pública, sobre todo lo que ocurre en la sociedad de la cual es parte, llama la atención y exige un mínimo de prudencia.
No pretendemos menoscabar la intención de cambio que pueda experimentar la autoridad en su comportamiento con los periodistas, “ni colocar piedras en el camino” de la Ministra que, con inusual esfuerzo por cumplir su misión, busca generar un escenario de comprensión y buena relación para ofrecer un mejor servicio, en este caso a los bolivianos.
El indicado escenario de compresión, sin embargo, requiere más elementos que generen solidez y verdadera decisión de respeto, sobre todo a la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos, lo cual significa cumplir algunas tareas puntuales y pendientes que, en el presente, se encuentran presionando sobre cada uno de los trabajadores de la prensa y sobre los medios de comunicación.
Al margen de las disposiciones comprendidas en la Constitución Política, es necesario mencionar la vigencia de la Ley contra la Discriminación, la Ley Electoral, la Ley de Comunicaciones, inclusive la Ley del Ministerio Público, que en determinados artículos establecen severas restricciones al cumplimiento de la misión de informar, así como de opinar y expresar libremente las ideas que cada ciudadano boliviano tiene. Por lo tanto, no sólo se trata de decir que “no existe ninguna intención de modificar o aprobar una Ley de Medios, que reemplace a la Ley de Imprenta”.
Esta economía jurídica que respalda el “prepotente comportamiento” de la autoridad frente a los hombres de prensa, similar al registrado en Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y, un poco más lejos, Irán, debe ser desmontada a través de la Asamblea Legislativa. Sólo de esta manera la apertura hacia un mejor trato, una relación más amable o un comportamiento más comprometido con la misión que, sobre todo, beneficie al país, tendrá sus resultados esperados.
Lo contrario significa mantener agazapadas a las autoridades de Gobierno, para atacar en el momento menos esperado a la víctima. Un hecho claro sobre este escenario se ha producido en Oruro. La llamada “Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes”, procedió a la intervención de dos medios de comunicación, “decomisando preventivamente” sus equipos e instrumentos, con lo cual impide que sus transmisiones continúen y evita que sus trabajadores mantengan sus empleos.
Mientras el presidente Morales conversa amablemente con representantes de los medios y de los profesionales de la comunicación, uno de los organismos de su dependencia interviene, liquida a dos empresas y, para “salvar su responsabilidad”, pide que certifiquen que su licencia para utilizar sus equipos de transmisión y producción están vigentes.
La intención de la Ministra Dávila, con esa actitud, se desmorona y se precipita el extenso discurso que ha utilizado en varios medios masivos de comunicación, sobre que el presidente Evo es comprensivo, comunicador, orientador y, hasta, tolerante.
Al igual que la “Ley de Medios” que no existe, según la Ministra, y que la diputada Paco promociona un proyecto “para controlar a los periodistas”, la Unidad de Control… contradice lo dicho por el presidente Evo.
Queda flotando en el Gobierno una más de sus ofertas, porque sus actitudes tienen más sabor a demagogia que a principios de sinceridad y transparencia.
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