El centralismo del gobierno nacional limita a la gobernación del departamento de Potosí efectuar fiscalizaciones sobre contaminación medioambiental minera, denunció el asambleísta, Pablo Zegarra.
“Lo más lamentable es que nuestros técnicos de la gobernación hacen su informe y estamos en instancias judiciales, pero lamentablemente los operadores mineros van al centralismo, al Ministerio de Medio Ambiente, en La Paz, y cuando estamos a punto de empezar procesos legales nos anulan los obrados”, afirmó.
Por tanto, los asambleístas departamentales de Potosí trabajan para implementar una norma regional de fiscalización minera para tener la potestad de fiscalizar y otorgar o no las fichas ambientales a las explotaciones en la zona.
Además, consideran necesario incorporar más técnicos a los cuatro que desempeñan el trabajo de fiscalización a más de 2.000 operaciones mineras en el departamento que se destaca por la explotación del subsuelo.
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