EL PAÍS.- El del penal de Apodaca fue un infierno con hoja de ruta. Nada de accidente, de caos surgido espontáneamente. A poco más de 24 horas de la matanza de 44 reos en esa cárcel a las afueras de Monterrey (Norte del país), se sabe que los muertos pertenecían al cartel del Golfo, que la carnicería sirvió para cubrir la fuga de 30 reos pertenecientes al grupo criminal Los Zetas, y que nada de esto pudo ocurrir sin la complicidad de un “grupo de traidores”, como ha llamado el gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina a custodios —no identificados aún— que ayudaron a asesinos y prófugos.
La mañana de ayer, el gobernador Medina anunció en rueda de prensa que el Gobierno ofrece 10 millones de pesos mexicanos (unos 594,000 euros) de recompensa a quienes informen sobre el paradero de los reos fugados, 25 de los cuales estaban bajo proceso por delitos federales.
El mandatario anunció además que para facilitar la investigación sobre la matanza y la fuga ha separado de sus puestos al jefe de cárceles del estado, al director, subdirector y jefe de seguridad de la Centro de Readaptación Social de Apodaca, que se suman a los 18 custodios que estaban en funciones cuando ocurrieron los hechos, al filo de las 02:00 horas del domingo.
Entre los reos fugados está Oscar Manuel Bernal Soriano, líder de Los Zetas en Monterrey detenido en octubre de 2010 y recluido en Apodaca en diciembre de aquel año. A Bernal Soriano, apodado La Araña, se le había involucrado en asesinatos de militares en Nuevo León, aunque en el juicio que se le seguía solo estaba acusado de posesión de armas y cartuchos reservados a las fuerzas armadas y posesión de droga.
El gobernador confirmó que ninguno de los asesinados presentaba heridas por arma de fuego. Todos murieron por golpes con piedras, barras de metal y heridas por objeto punzo cortante.
La matanza y la fuga no se concibe sin la complicidad de algunos funcionarios de la cárcel, aseveró el mandatario de Nuevo León, quien se quejó de que estos hechos restan méritos al trabajo de autoridades policíacas honestas. Rodrigo Medina dio a conocer los nombres de los fallecidos, lamentó los asesinatos y prometió atención para sus familias.
En mayo de 2011, también en esa cárcel de Apodaca, murieron 14 presos, en lo que inicialmente fue considerado un incendio. Sin embargo, días después versiones periodísticas apuntaron que varios de los cadáveres tenían huellas de golpes. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han criticado esta semana el estado lamentable de muchas prisiones latinoamericanas, desde México a Argentina.
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