Parte I
Al compás de una extraña patología electoralista, el Gobierno, lamentablemente, promulga y dicta decretos en cuyo contenido aparecen contradicciones o falencias económicas, técnicas y jurídicas que puestas en ejecución crean conflictos de diversa naturaleza, lo que da lugar a conmociones sociales de peligrosos resultados.
Este es el caso del DS No. 304 de septiembre de 2009, por el cual las Cajas Sectoriales de Salud (CSS) pasaban a ser administradas por el Estado, dando lugar a una cerrada oposición y violentas manifestaciones de sectores laborales poniendo en riesgo la estabilidad del Gobierno. Por estos hechos, el Poder Ejecutivo no tuvo otra alternativa que dictar de inmediato el DS No. 0327 abrogando así el DS 304.
Lo mismo ocurrió con la Ley Financial No. 062 de 28/11/2010, cuyo Art. 23 ordenaba que “las entidades que conforman el Sistema de la Seguridad Social constituidas como entidades de derecho público, deben mantener sus recursos financieros en cuentas fiscales autorizadas por el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público”. La reacción popular fue de iguales características que la referida anteriormente.
Estas dolorosas experiencias no son recogidas con la necesaria reflexión por el Gobierno al tratar de imponer el Sistema Único de Salud o el Seguro Universal de Salud (SUS) de forma GRATUITA y amplia para todos los estantes y habitantes de las ciudades y del campo, sin contar con una estrategia global, sistemáticamente planificada en cuanto a las necesidades que demandan su aplicación en condiciones de óptima atención médica y hospitalaria y que además se determinaría el cierre técnico del Seguro Materno Infantil (SUMI) y el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPM).
El pueblo boliviano está de pleno acuerdo para que se instale el SUS, pero su materialización debe ser el resultado de una planificación en tiempo y con método a partir del diagnóstico realista de la salud en Bolivia. El Gobierno debe hacer conocer al país sus fuentes y montos de financiamiento para cubrir la infraestructura hospitalaria en sus diferentes niveles en los nueve departamentos, el número de policlínicos de atención primaria en áreas urbanas y rurales, el equipamiento preventivo y hospitalario requeridos, la cantidad de laboratorios e instalaciones de diagnóstico por imágenes, números de farmacias y la garantía de aprovisionamiento de medicamentos que pasen la línea de simples analgésicos que se acostumbra a distribuir en los centros de salud, así como la cantidad y calidad de profesionales médicos y paramédicos, gastos administrativos y de mantenimiento para su sostenibilidad en el tiempo .
El país desea saber si el Gobierno ya canceló a la CNS la deuda de $us. 240.000.000 que se acumuló hasta la gestión 2005 y la que deviene de la gestión 2006 a la fecha. En el momento actual la infraestructura hospitalaria en el país está colapsada por el crecimiento de asegurados y beneficiarios; los equipos de apoyo de diagnósticos médicos en su mayoría están fuera de funcionamiento; los insumos médicos son insuficientes y de baja calidad; la atención alimentaria hospitalaria es deficiente; no hay suficientes profesionales médicos y enfermería por falta de presupuesto en cuanto a servicios personales. Entonces, ¿cómo enfocar la vigencia del SUS por como se lo presenta y el diagnóstico de superficie anotado?
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