Una condena injusta y la libertad de prensa

Ha promovido una censura general la condena judicial contra el director de El Universo de Quito, Ecuador, los dos subdirectores y un ex columnista, denunciados por el presidente Rafael Correa de haber sido calumniado en las paginas del rotativo. La sentencia confirmada por la Corte Nacional de Justicia no admite ninguna otra instancia y sanciona con tres años de prisión a los indicados periodistas y, al director Carlos Pérez Barriga, a pagar el estrambótico monto de 40 millones de dólares a título de indemnización, que ni El Universo ni los bienes propios del mismo alcanzarían a cubrirlos.

Entre las reacciones que levanta esta situación tan extraña en la historia del periodismo latinoamericano se cuenta las de la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras de París, el Instituto de Prensa y Sociedad con sede en Perú, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y muchas otras, considerando la culminación de este proceso como una expresión de intolerancia del Gobierno ecuatoriano, que a modo de escarmiento vulnera la libertad de expresión y de prensa, colocando cortapisas al derecho de información de la sociedad. Desde París se ha calificado el fallo como “un funesto precedente”, empero con seguridad no trascenderá porque la opinión pública internacional tiene conciencia de la manipulación de la Justicia por los regímenes autoritarios y que los niveles judiciales que conocieron el caso serían incapaces de contradecir al presidente Correa, de modo que este tipo de decisiones no puede ni debe crear jurisprudencia, salvo en naciones sometidas a dictadura.

No se trata de un hecho aislado sino común a ciertos gobiernos del continente que vienen mostrando especial animadversión contra los medios de comunicación, a los que consideran un obstáculo para su perpetuación bajo apariencias democráticas, pero actitudes como ésta sirven para desenmascararlos. Las estrategias neutralizadoras de una información independiente son variadas y van desde la intimidación franca o encuberta contra medios y periodistas o mediante una legislación sesgada para restringir dichas tareas.

Se trata de leyes ajenas a la función de la prensa, pero que de modo inopinado la abarcan con la finalidad de lograr la “censura previa”. Hay en ello la búsqueda de un camino oblicuo para coartar las libertades de expresión, de pensamiento y de prensa. En Ecuador, en medio de críticas, acaba de entrar en vigencia una ley de articulación de los procesos electorales, pero derivada hacia los medios de comunicación, a los que prohíbe “hacer promoción directa o indirecta ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis políticas”.

Conforme adelantábamos, esta legislación guarda íntima coincidencia con las leyes bolivianas de reciente promulgación sobre Elecciones Generales y de Elección de Autoridades Judiciales, ambas limitativas de la libertad de información. Otro tanto ocurre con los intentos gubernamentales de suprimir la Ley de Imprenta de 1925 con el único argumento de su antigüedad. Se ignora que hay leyes sabias por añejas que sean y que la ciencia jurídica asienta su edificación sobre tales cimientos hoy inconmovibles para una convivencia social moderna.