EL PAÍS.- El grado crítico de violencia causado por el narcotráfico en Latinoamérica ha introducido el viejo debate sobre la legalización de la droga por primera vez en la agenda de presidentes en activo. Los mandatarios de Guatemala y El Salvador, Otto Pérez y Mauricio Funes, han llamado a analizar la opción de regular el comercio del tráfico de estupefacientes, y la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha recogido el guante diciendo que no se opondría a un debate “serio y riguroso”.
Estos pronunciamientos de líderes centroamericanos refuerzan la línea abierta en noviembre por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que se mostró partidario de legalizar la marihuana y la cocaína si eso permitía “erradicar la violencia del narco”, y consolidan el primer frente gubernamental crítico con la política de prohibición a ultranza comandada por Estados Unidos.
Roto el huevo de la regulación con la declaración conjunta que hicieron Pérez y Funes el pasado lunes 13, el volumen mediático del asunto ha subido tanto que incluso el Gobierno de Felipe Calderón –principal cancerbero de la estrategia estadounidense de fuego y represión penal durante el sangriento sexenio en que ha dirigido México–, a cinco meses de terminar su mandato, ha aceptado la idea de poner el problema sobre la mesa. Su ministra de Exteriores, Patricia Espinosa, reconoció el miércoles que es necesario promover el debate “a nivel internacional”.
Los asesinatos y la corrupción institucional se expanden entre el norte de Sudamérica, zona mayoritaria de producción de la droga, y Estados Unidos, centro mundial del consumo, asolando cada vez más la zona intermedia de las rutas del narco: Centroamérica y México.
El gran consumidor, Estados Unidos, donde según la ONU se concentra el 37% del consumo mundial de coca, se aferra entretanto a su credo prohibicionista. Inmediatamente después del giro del exgeneral Otto Pérez, que antes de ganar la presidencia en enero prometía más mano dura y ahora encabeza el cuestionamiento de la guerra contra el narco, la embajada estadounidense en Guatemala soltó un comunicado granítico: “La legalización supondría una amenaza a la salud y a la seguridad pública”. Su esfuerzo global contra el tráfico de estupefacientes, sin embargo, está disminuyendo. El Gobierno de Barack Obama invertirá en 2013 un 17% menos que en 2012 en su batalla global contra el tráfico de drogas, de 422 a 360 millones de euros.
El próximo movimiento podría tener lugar en la Cumbre de las Américas, 14 y 15 de abril en Cartagena de Indias, Colombia. Otto Pérez ha anunciado su propósito de utilizar esta cita como plataforma de lanzamiento formal del debate, Funes ha dado un paso atrás nada más encenderse la polémica, matizando que acepta hablar sobre la regulación, pero no la defiende personalmente, y Colombia ha vuelto a entrar en el cogollo de la cuestión con la apuesta de su ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, por discutir la cuestión en la Cumbre. Y la reina del tablero, por ahora, sigue enrocada en su casilla.
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