La política de la violencia

Una de las características de los gobiernos de régimen autocrático (que responde a la voluntad de una sola persona), es indudablemente la política de la violencia, entendida como el uso indiscriminado de los medios que tiene el Estado para administrar los intereses públicos, entre ellos los jurisdiccionales (Órgano Judicial) y los que tienen la facultad del uso de la violencia legal (Fuerza Armada y Policía).

En los países pobres y de bajo nivel de desarrollo humano, la insatisfacción en cuanto a las demandas de los grupos sociales organizados son tan variadas, como diversas son las actividades y situación de éstos. Más aún, cuando desde el poder con características populistas se les ofrece más allá de lo posible, o cuando los conflictos en el interior de esos grupos sociales no son resueltos por el diálogo y la concertación, suelen exteriorizarse esas divergencias con actos de protesta y medidas que convulsionan el desarrollo normal de la vida colectiva, y cuya solución por el Gobierno acaba en violencia, con saldos lamentables de muertos y heridos.

Precisamente la responsable residente de las Naciones Unidas en Bolivia hace un tiempo expresó su preocupación por el clima de conflictividad y violencia en el tratamiento y solución de los conflictos sociales, aseverando que “muchos de los conflictos que derivaron en violencia y con intervención del Estado, pudieron haberse evitado con el diálogo”. Y prosiguió: “en todos esos conflictos se puede evitar el acudir a las fuerzas del orden público, buscando primero dialogar y atender de manera oportuna esos conflictos”.

En estos seis años del régimen de gobierno populista de izquierda del MAS han perdido la vida más de seis decenas de compatriotas y seguramente muchos más fueron heridos, en conflictos que derivaron en hechos de violencia, en especial ocasionada por las fuerzas del orden público, con el agravante de que las investigaciones quedaron en cero, es decir sin resultado alguno, debido a la subalternización del Órgano Judicial y en especial el Ministerio Público ante el poder político de turno.

Nos referimos a hechos violentos derivados de la convulsión social y donde participaron las fuerzas del orden público, como la muerte del joven Urresti en la ciudad de Cochabamba, de jóvenes estudiantes en el valle de ese departamento, los muertos de La Calancha en Sucre, de mineros en Huanuni, en Santa Cruz en enfrentamientos de jóvenes con cocaleros que marchaban a tomar esa ciudad, en Caranavi, en Yapacaní y en la toma militar de Pando para echar al entonces Gobernador y en otros lugares del país.

Pero sucede lo contrario cuando se involucra a alguien de la oposición. Muchos de los que padecen cárcel hace ya años sin sentencia condenatoria y otros cientos que huyeron del país ante la represión, son el resultado.

Está en la conciencia del pueblo boliviano que en estos tiempos del cambio masista no hay justicia independiente, que es uno de los primeros factores de un estado de derecho y democracia, donde el Órgano Judicial dirima, conforme a derecho, las controversias entre particulares y entre éstos y el Estado, pero si la justicia está al servicio del poder político, no hay democracia, menos estado de derecho.

La violencia ejercida desde el poder político, más allá de lo razonable, tipifica a un régimen en relación con los derechos humanos y libertades ciudadanas. Cuando la política de solución de conflictos sociales es la de aplicar la violencia, entonces el régimen de gobierno es el responsable de los resultados de ésta, y en un estado de derecho tendría que ser el Órgano Judicial que, en aplicación de las normas jurídicas, persiga y sancione a los funcionarios públicos que dieron las órdenes y a los ejecutores de las mismas, como responsables de la muerte y heridas de ciudadanos, así como de la destrucción de bienes públicos y privados.

El fácil expediente del uso de la violencia policial o de otros mecanismos estatales está condenado no sólo por las leyes de nuestro país, sino por convenios y disposiciones internacionales, donde el acceso a la justicia “independiente” es una prioridad en materia de los derechos humanos y civiles, por eso nos preguntamos: ¿cuál es el resultado de la violenta represión policial a los marchistas del TIPNIS en septiembre pasado?