Seria amenaza a la propiedad privada

Un Proyecto de Ley de Regulación y Regularización de la Propiedad surgió por acción del MAS el 2010, pero quedó en veremos hasta que los movimientos sociales la impulsaron en Cumbre Social realizada en Cochabamba. El presidente Evo Morales la hizo suya junto a un paquete de proyectos legislativos e instruyó que se los apruebe en el primer trimestre en curso. Esta trayectoria denota la subordinación de la Asamblea Plurinacional por doble partida, al haber perdido su derecho de iniciativa legislativa y las instrucciones recibidas del Primer Mandatario, degradando su independencia.

Empero lo anterior es tema de otro análisis. El proyecto de 2010 despertó la inquietud de la enorme masa de propietarios urbanos cuando trascendió que se pretendía reducir la superficie de los predios a 500 m2, e igualmente que los propietarios de dos o más inmuebles debían quedarse con uno y dejar el resto a la comunidad; por último, que anticresistas e inquilinos con 5 o más años de ocupación se harían dueños del inmueble respectivo. Esto no es otra cosa que la colectivización de la propiedad privada. Este derecho es un principio universalmente reconocido y garantizado por la Constitución vigente, pero cuya violación no parece haber desaparecido.

Como sucedió con una serie de leyes, los indicios acopiados debido a la reserva impuesta al proyecto en cuestión, permiten deducir que las anteriores disposiciones o parte de ellas se introducirán de contrabando (ejemplo la Ley de Transición al Órgano Judicial introdujo el previo pago en los juicios contenciosos entre el Estado y los particulares). La reticencia de los diputados oficialistas al respecto es clara, no informan sobre el fondo del tema.

La presidenta de la comisión que conoce el caso recurre a subterfugios como el crecimiento urbano desordenado, el catastro y “regularización del derecho propietario”, etc. Una “cortina de humo” se añade con el propósito de facilitar dicho derecho a quienes poseen un predio “por 6, 10 o 20 años” sin haberlo concretado. Si tal posesión es legal y no perjudica a terceros nadie puede oponerse a su consolidación.

La misma legisladora habla de una simplificación del trámite de usucapión y de aplicarla de modo “masivo”, afirmación que puede encubrir una suerte de confiscación masiva. También anuncia la creación de juzgados especiales de usucapión. El trámite de ésta figura jurídica es uno de los más sencillos en los estrados judiciales, práctica que no precisa simplificación alguna si se la plantea con ajuste a derecho.

La regularización de predios por asentamientos legales o compras no saneadas en Derechos Reales, fue una campaña emprendida por el Gobierno Municipal de La Paz con un equipo de abogados contratados y especializados hace algunos años. Se trataba de que los bienes saneados ingresen al catastro urbano, precisamente en ejecución de una serie de leyes y decretos supremos de anteriores gobiernos, de modo que no hace falta más leyes sino que basta aplicar las existentes, si la intención no es otra.

Sin embargo, cursan en el legislativo proyectos elaborados por algún diputado del MAS, por el Gobierno y por la Confederación de Juntas Vecinales, número que sugiere una competencia demagógica, pues, a las claras, son los tiempos de fácil demagogia y de la imitación de otros gobiernos que se antojan socialistas del Siglo XXI. Lo cierto es que para evitar debate el proyecto ingresará por el Senado, se dice después de considerarlo entre organizaciones afines, con obvia prescindencia de las posibles víctimas propiciatorias: los propietarios.