Atrabiliaria actitud contra discapacitados

Bolivia se ha convertido en un Estado atrabiliario, y así se demuestra a partir del año 2008 con escenas como las de La Calancha en Chuquisaca, la muerte de un joven estudiante en Cochabamba, el caso del Porvenir en Pando, lo de Caranavi en Nor Yungas, el 25 de septiembre en Yucumo contra los hermanos indígenas del TIPNIS, Yapacani en el departamento de Santa Cruz, culminando el pasado jueves en las cercanías de la Plaza Murillo, sin tener en consideración la indefensión de nuestros hermanos discapacitados.

Lo curioso es que todos esos casos no han sido esclarecidos hasta el presente, quedando en la impunidad, de manera que no existen culpables sino simplemente víctimas de lo atrabiliario que se ha convertido nuestro país, al extremo de que las instancias nacionales e internacionales nada dicen sobre estos hechos, porque parecería que estuvieran alineados al sistema imperante, olvidando que se trata de la defensa de derechos, significando en consecuencia que los resultados deben ser considerados como delitos de lesa humanidad.

En cuanto al origen de la marcha de los 100 días protagonizada por cientos de ciudadanos discapacitados, entre los que se encuentran además ciudadanos de la tercera edad, fue la exigencia de cumplimiento de una Ley anterior y paralelamente recordarle al actual Presidente del Estado que en época electoral hizo el compromiso de traspasar más de 40 millones de Bolivianos, de los que gozaban los partidos políticos, para otorgar un bono anual a quienes no tienen las condiciones naturales para enfrentarse a la vida.

Ese compromiso determinó el apoyo de esos miles de discapacitados, inclusive con una representación en la Asamblea Legislativa, pero que a la postre se quedó en simple compromiso, lo que determinó iniciar la marcha heroica, sin que autoridad alguna hubiera puesto interés en una solución inmediata a sus demandas, llegando a dicha extrema medida.

Debemos observar la actitud del gobierno de Evo Morrales al haberse dispuesto el acordonamiento de la Plaza Murillo a fin de evitar el ingreso de estos ciudadanos indefensos a dicho lugar, pero cuando se trata de apoyo al Gobierno se actúa de manera diferente, lo que jurídicamente es contrario a lo dispuesto por la Ley contra la discriminación que, paradójicamente, fue elaborada por el mismo Gobierno, pero que a la postre no respeta su propia obra.

El enfrentamiento ocurrido entre las fuerzas del orden y los discapacitados de ninguna manera se justifica, porque no se trataba de masas políticas sino de humildes ciudadanos que solamente exigen el cumplimiento de un compromiso que asumió Evo Morales en una época electoral, más aún si se trata de ciudadanos que lindan en la pobreza, y los mil Bolivianos ANUALES son una suerte de limosna.

Sin embargo, surgen muchos interrogantes en torno al comportamiento de las fuerzas del orden: ¿quién ordenó el acordonamiento de la Plaza Murillo?, ¿por qué razón las fuerzas del orden, que son defensoras de los derechos humanos, actúan en contra de dichos derechos?, ¿quién o quiénes ordenaron que se actúe de aquella manera? ¿Acaso no hay profesionalismo? ¿Por qué no se tuvo en consideración el estado natural de nuestros hermanos discapacitados? ¿El Gobierno será de los pobres? ¿Quienes rodean al Presidente no buscan desprestigiarlo con estas actitudes?

Estas y otras preguntas surgen en la población boliviana, porque se acusa de que se trata de actos violentos que en cualquier sociedad se los debe rechazar. Es que se ha tenido centenares de muertos que a la hora de la verdad se los deberá tener en cuenta.

(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).