Surgen nuevas contradicciones “ambientalistas” en el Ejecutivo

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, señaló que el proceso de cambio que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales, con un desarrollo en equilibrio, no puede ser frenado a nombre de la Pachamama (Madre Tierra en aymara).

“No se trata de fundamentalismo, se trata de ver que no podemos sepultarnos en una concepción fundamentalista. Necesitamos desarrollo, necesitamos que haya minas, necesitamos que haya petróleo. Pero no a nombre de la Ley 169 (OIT), no a nombre de la consulta previa informada podemos enclaustrar el desarrollo del país”, aseveró a Erbol.

Reconoció que todo proceso de cambio tiene sus contradicciones y conflictos internos, en alusión al alejamiento de los pueblos de Tierras Bajas representados por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) del Gobierno central y el Pacto de Unidad, puesto que los indígenas piden que el tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no se construya en medio el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Explicó que deben ser los aymaras y los quechuas quienes deben crear puentes de diálogo hacia los indígenas de Tierras Bajas, porque son fisuras que se deben superar, y que no se debe cuestionar el accionar de los indígenas.

“La vanguardia de este proceso se llama pueblos indígenas, Tierras Altas y Tierras Bajas, con sus propias contradicciones. De aquí en adelante siempre habrá problemas pero no es algo que podemos tomarlo como un progreso regresivo, es parte de la historia”, aseveró el funcionario público.

Cárdenas fue estricto al señalar que a nombre de la Madre Tierra no se puede dejar de lado el desarrollo del país, que es una política del proceso de cambio del gobierno de Evo Morales. Según la autoridad el desarrollo involucra a los bolivianos y que para ello avance no sólo se puede discutir de los derechos de los pueblos indígenas.

“El carácter vinculante hay que discutirlos entre todos, porque sí así fuera estaríamos atrapados por la voluntad de un grupo que a nombre de pueblo indígena puede llevar el destino del país al enclaustramiento del desarrollo”, manifestó.

De tal forma que el veto a determinados proyectos que el gobierno pretenda ejecutar en territorio indígena debe ser tratado por la población boliviana, así como una consulta de carácter vinculante.