El estado de las empresas del Estado

El asunto del “estado de las empresas del Estado” ha sido puesto en discusión, lo cual está originando una serie de informaciones y contradicciones, que es de esperar sirvan para dar transparencia al funcionamiento de esas entidades. Al respecto, algunos analistas afirman que esas empresas trabajan a pérdida, mientras la jerarquía burocrática no puede menos que afirmar lo contrario y salir en defensa de sus bienes e inclusive amenazar con sancionar a centros de investigación que hacen críticas acerca de las actividades y resultados de dichas dependencias estatales.

Previamente se debe señalar que existe diferencia absoluta entre empresas de la Nación (empresas públicas o del pueblo) y empresas del Estado. Esa diferencia consiste en que el Estado, como persona jurídica que es, posee un patrimonio que es de su dominio, el cual se diferencia en dominio público y privado. A la vez el dominio público es inalienable e imprescriptible, mientras el dominio público estatal se halla sujeto prácticamente a las mismas reglas aplicables a la propiedad privada, diferencia esencial que, en todo caso, se debe tomar en cuenta, atendiendo los principios del Derecho Administrativo en vigencia.

Se debe aclarar que las empresas estatales no son “patrimonio exclusivo del pueblo boliviano”. Son, a lo más, patrimonio del Estado, que es algo muy diferente a patrimonio de la Nación; debiendo señalarse que, por el contrario, las empresas públicas existentes están sometidas, en el mejor de los casos, a la simple administración del Estado, que cumple, en esa forma, la función de cuidador, policía, garantizador de su existencia y debido funcionamiento. El Estado debe, pues, cumplir en relación con las empresas públicas el principio de la inalienabilidad del dominio público y, por tanto, no posee una titularidad, sino sólo un poder vigilante, de policía, que no le faculta a usar y disponer.

Establecidos esos principios del Derecho Administrativo, queda en forma transparente que las empresas estatales no son, ni mucho menos, patrimonio de todos los bolivianos, sino patrimonio exclusivo del Estado, por más que se recurra a argumentos económicos, técnicos, financieros y sociales. El Estado es el único responsable de ellas por ser su propietario. De tal forma, los bienes nacionales no pueden ser objeto de venta, donaciones ni otras formas de transmisión de la propiedad. Se debe agregar que, además, la tierra, el aire, los bosques constituyen propiedad pública inalienable e imprescriptible; no son propiedad del Estado, como se ha venido a confundir recientemente.

Viene a cuento, al respecto, la afirmación de una Fundación privada en sentido de que algunas “empresas estatales” están funcionando a pérdida, versión que ha causado enérgica reacción de algunas autoridades manifestando que esa institución será sometida a juicio por dar informaciones “falsas”.

Esa reacción oficialista al negar ciertas noticias, lo que hace es poner en duda sus propias aseveraciones. Pero, por otro lado, busca sancionar a una entidad interesada en transparentar lo que ocurre con los bienes estatales, actitud desmesurada que resulta un anacronismo, ya que más bien esa institución debía ser felicitada por preocuparse por las actividades estatales. Por el contrario, el oficialismo debería manifestar verdadera inquietud ante la soberana indiferencia de otras grandes instituciones (como universidades, dependencias legislativas y otras), que no muestran ni la menor preocupación por los problemas del país -como el caso del estado de las empresas estatales- y por su actitud de “dejar hacer y dejar pasar” revelan insensibilidad y apatía rayanas en una conducta suicida.

Es, pues, de urgencia que se sepa con transparencia cuál es el estado de las empresas estatales y no se trate de ocultar la verdad tras amenazas destempladas que, al parecer, buscan desviar la atención de la opinión pública. En ese sentido, los mecanismos estatales deben abandonar actitudes de soberbia y prepotencia (como en el caso de la aludida Fundación) y otorgar las más amplias libertades para que se realice toda clase de investigaciones e informaciones sobre el estado de las empresas del Estado, y así saber cómo éste está cumpliendo sus responsabilidades.