Crisis, corrupción y Ley SAFCO

El presidente Evo Morales asumió el poder en enero de 2006, en medio de una gran expectativa de la población boliviana, por la creencia de que el gobierno de indígenas y campesinos cambiaría la estructura económica nacional, para romper el estigma neoliberal de las empresas exportadoras de materias primas y trabajar por la diversificación productiva, la eliminación de la pobreza, la nacionalización e industrialización de los recursos naturales, etc.

Al cabo de seis años en el poder, el Gobierno incumplió su programa de gestión que planteaba “cero corrupción, cero prebendalismo, cero nepotismo, cero engaño”, etc.

Estas promesas y otras más cayeron en saco roto, como una argucia planificada con el estilo de los partidos políticos tradicionales desacreditados por su conducta antinacional, protagonistas del subdesarrollo y pobreza nacionales.

Los males que se debía extirpar continúan, las promesas de “cambio para vivir bien” no se cumplieron, hay escasez de alimentos, no hay producción agropecuaria suficiente, se compra y se consume alimentos importados con precios que suben por ascensor y los salarios por escalera; no hay fuentes de trabajo, crecen la delincuencia, los “katos” de coca, el número de cocaleros (cuando debieron ser relocalizados y devueltos a sus lugares de origen), aumenta el número de fábricas de droga y el narcotráfico.

Frente a la impostura, la ciudadanía vive abrumada por la tozudez e ineficiencia administrativa del Estado y siente pavor por la crisis económica, política y social que vive la nación. Y para colmo, el gobierno del MAS se ha convertido en el mejor émulo de las transnacionales exportadoras de materias primas.

Corrupción galopante

El violento proceso social y político que culminó en octubre de 2003 enarboló como principal fundamento del programa de gobierno la lucha contra la corrupción. Sin embargo la realidad es otra, la corrupción se acrecentó de manera alarmante, pese al dictado de drásticas medidas y a la creación de unidades burocráticas de dudosa efectividad, como el “Consejo de lucha contra la corrupción y enriquecimiento ilícito y legalización de ganancias ilícitas”.

No se debe olvidar que la inmoralidad nace y se propaga desde los centros de poder: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, prefecturas, alcaldías, etc., particularmente en aquellas unidades donde los servidores públicos de alto rango y políticos tienen injerencia en contratos, licitaciones, adjudicaciones directas, etc. Es allí donde se incuban los actos de corrupción y se da rienda suelta al libertinaje administrativo y económico.

Al respecto la Ministra contra la corrupción dijo: “De 500 funcionarios públicos vinculados con actos de corrupción, más de 100 funcionarios pertenecen al actual gobierno del MAS” (La Razón 10-10-2010).

Según la prensa nacional centenares de casos de corrupción no son activados y tampoco existen sentencias dictadas por autoridad competente para recuperar los dineros y bienes robados al Estado, ¡qué tal!

Reestructuración de la Ley SAFCO

Esta ley de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamental, fue creada como sistema reestructurado para proteger los bienes y recursos del Estado contra robos, fraudes, desfalcos, etc.

Las previsiones contenidas en dicha ley no surtieron efecto favorable al interés nacional (con excepciones) por haberse constituido en instrumento viabilizador de la corrupción a todo nivel en instituciones del Estado.

El control interno y externo a posteriori es ineficaz y frustrante por su intervención extemporánea en actos reñidos con la corrupción. Por otra parte, coarta la actividad del auditor interno en las instituciones del Estado, al hacerlo dependiente del ejecutivo de la empresa o institución estatal (artículo 15).

Al concluir, se requiere con carácter de urgencia reestructurar la Ley SAFCO para liquidar o por lo menos atenuar el cáncer de la corrupción que horada peligrosamente la estabilidad económica, política y social del país.