Las acciones gubernamentales para llegar a la aprobación de la Ley General para Personas con Discapacidad fueron descalificadas por la dirigencia del sector. La caravana de sillas de ruedas pretendió ingresar a Plaza Murillo, mientras se terminaba de sancionar la norma, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.
El diputado opositor y representante del sector, Jaime Estívariz, criticó la aprobación porque antes, en horas de la mañana, se les había convocado a una reunión de concertación en oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) con las presidentas del Legislativo.
En la noche la caravana intentó ingresar a Plaza Murillo para “despedirse”, pues a partir de hoy y tras la aprobación de la ley, comenzarán una marcha hacia Perú y Ecuador, denunciando la vulneración a sus derechos.
En tanto, la Ley General de Personas con Discapacidad, fue aprobada en la víspera en la Cámara Baja. La oposición califica la misma como un retroceso debido a que en 2005 ya se establecía la obligatoriedad de que el 4% de los trabajadores contratados de una empresa sean personas con capacidades diferentes.
Para la diputada de Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes, el decreto establecido durante el gobierno de Carlos Mesa contenía aspectos más concretos y beneficiosos para las personas con capacidades diferentes.
“Esta norma no habla de porcentajes siendo una Ley General y en las disposiciones finales dice que se abroga todas las normas contrarias a esta Ley. Entonces no deja claro si este decreto es derogado o si sigue vigente, lo que significa que deja en el limbo a los discapacitados”, agregó.
Respecto a los recursos para este sector, Reyes explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) determina que el financiamiento designado debe ser en consideración con las organizaciones a través del control social.
“Los 40 millones de bolivianos para el fondo de los discapacitados deben ser manejados en acuerdo con las organizaciones. Pero esta Ley le da potestad al Ejecutivo de manejar a discreción los recursos, lo que significa que las organizaciones y sus representantes van a tener muy poca incidencia en las decisiones”, expresó.
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rina Aguirre, aseguró que las personas con discapacidad serán atendidas en salud y educación y tendrán beneficios sociales a partir de la aprobación de la Ley General para las Personas con Discapacidad.
Aguirre, quien es no vidente, fue cuestionada por las personas con discapacidad por asumir un discurso de defensa política y no ser consecuente con el sector. Sin embargo, Aguirre sostuvo permanentemente, que es decisión de las personas el superarse y añadió que el Gobierno central cumple con demandas legítimas que fueron postergadas desde hace muchos años.
“Por supuesto que esto no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso largo pero que es más duradero que una renta de solidaridad o de un bono, porque garantiza estabilidad en su vida. Pueden tener no sólo la esperanza sino la certeza de que sus aspiraciones largamente albergadas para salir de esa condición que llama tanto a la compasión ahora llamará a la solidaridad para conseguir que eso se haga realidad”, dijo.
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