Secuelas de la Ley 1.565 Reforma Educativa

La Reforma Educativa fue elaborada por un reducido grupo de personas, varios de ellos extranjeros, en la institución denominada ETARE, alineada a los postulados del neoliberalismo.

La Reforma Educativa expresada en la Ley 1.565 buscaba enterrar el viejo Código de la Educación de 1955 junto a su esencia y filosofía, que centralmente planteaba la necesidad de liberar a Bolivia no sólo de la ignorancia, sino del dominio imperialista.

Antes de la revolución de 1952, solamente podían ejercer la democracia los hombres que sabían leer y escribir, la mujer no tenía derecho al voto, es decir que el objetivo principal del Código de la Educación era instrumentar la educación hacia la liberación nacional.

Pero el proceso contrarrevolucionario surgido desde el mismo seno del MNR y los posteriores gobiernos que le sucedieron, se ocuparon de desnaturalizar la esencia del Código, y es a partir de 1964 cuando se inicia el proceso frontal para conculcar esta ley, propendiendo a que la educación deje de lado su verdadero rol.

En esta nueva dirección, en las décadas del 70 y 80 se producen muchos intentos de reformas y contrarreformas con diversos pretextos, destinadas a destruir el Código y adecuar la educación a las orientaciones del mundo globalizado.

La Reforma Educativa 1.565 fue el cetro definitivo de todos los intentos para aplicar finalmente en el país una política educativa neoliberal, bajo la prédica de que la “educación es tarea de todos”, queriendo decir que la educación “ya no es responsabilidad del Estado. En tal contexto los estudiantes deberían incorporarse tempranamente al ámbito laboral, acorde a la filosofía del neoliberalismo, que es preparar hombres para el mercado, sin que importe su condición ni edad.

La Ley 1.565 reflejaba la intención de desligarse de la responsabilidad de financiar la educación superior, al fomentar la proliferación de universidades privadas, incentivando el surgimiento de la carrera de ciencias de la educación en ellas; propendió a la municipalización educativa, al transferir por etapas responsabilidades a los municipios en infraestructura y equipamiento y autorización plena para que desde las alcaldías se ejecute programas de capacitación pedagógica.

La liberalización de la profesión de docente es patética, al tener en cuenta que el Estado en el Código de 1956 había consolidado las “Escuelas Normales” y la Ley 1.565, estratégicamente pretendió transformarlas, incorporándolas a las universidades privadas y públicas, para que el maestro sea un profesional liberal.

En el marco de la filosofía neoliberal la Reforma Educativa fue realmente un proyecto “inteligente”, pero desde la óptica popular y los intereses nacionales causó daños irreparables a nuestra juventud y la dignidad profesional de maestros y maestras, que soportaron la imposición vertical de programas y lineamientos pedagógico didácticos foráneos e inadecuados a nuestra realidad.

En síntesis, la Ley 1.565 no fue una propuesta casual o suelta, formaba parte de un paquete de leyes en el contexto de la política neoliberal. Finalmente esta polémica ley fracasó, dejando secuelas catastróficas en la educación boliviana, dando paso a la nueva política educativa de la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que a la fecha no encuentra viabilidad plena, cuando los maestros reclaman el derecho de participar desde las bases en la estructuración curricular, exigiendo que las autoridades no repitan conductas impositivas del pasado.