Impunidad para unos, palo para otros

El pasado fin de semana, en el canal televisivo del Estado, al servicio exclusivo del Gobierno, estuvo el Ministro de Gobierno en un programa que trataba el asunto de la demanda de los discapacitados. Al referirse a los actos de violencia que se suscitaron cuando no se les permitió la entrada a la Plaza Murillo, acusó a éstos de haber sido penetrados por políticos y haber agredido y causado “graves lesiones” a policías.

Indudablemente que todos los ciudadanos que defendemos los principios democráticos de convivencia social y relación con el poder político, estamos contra la violencia, pero resulta que el Gobierno en sus distintas posturas frente a similares hechos, desata la violencia y el malestar social, pues se permite el ingreso a la plaza Murillo a los afines, conmilitones y movilizados con el auspicio del mismo Gobierno, e incluso -como el caso de los del CONISUR- se les permitió actos de violencia -exactamente como los de los discapacitados- y nadie fue aprehendido, enjuiciado ni perseguido, no como sucede ahora con algunos de los discapacitados. A unos el Presidente del Estado los recibe en Palacio, les brinda alojamiento, resguardo y asistencia, y a otros los deja a merced de la solidaridad ciudadana.

La conducta política discriminatoria, excluyente y parcializada del Gobierno está reflejada en la persecución judicial contra todo atisbo de oposición o disidencia, pues la opinión pública se pregunta: qué pasó con el caso del señor Ignacio Villa Vargas, que hacía de chofer del abatido Eduardo Rósza en Santa Cruz, que habría recibido un soborno filmado por gente de “inteligencia” del Ministerio de Gobierno, el mismo que ante los medios de comunicación reconoció que recibió ese dinero, acusando al entonces funcionario de esa repartición del mencionado Ministerio de haberlo torturado, lo mismo que uno de los detenidos por el caso “terrorismo”, de origen croata, que también en voz alta dijo haber reconocido la voz de tal funcionario, cuando era torturado.

Pero resulta que por disposición de las autoridades judiciales, ese funcionario filmado y acusado por dos supuestas víctimas de torturas, ha sido exonerado de cargos, así como algún otro funcionario que apareció en el filme. Nos preguntamos desde la sociedad civil: ¿dónde están los autores intelectuales del asesinato del joven Urresti en Cochabamba?; ¿dónde están los autores intelectuales y materiales de las muertes en la Calancha, cuando en la ciudad de Sucre se produjeron protestas contra el Gobierno?; ¿dónde están los autores intelectuales y materiales de las muertes en Caranavi?, ¿dónde están los responsables de la “brutal” agresión a los marchistas del TIPNIS?, y así podemos seguir enumerando casos y casos, sin investigación, sin procesos, sin juicios, etc., donde los responsables son funcionarios y empleados del Gobierno.

Cuando se trata de opositores, críticos a las políticas del Gobierno, supuestos desestabilizadores del régimen, etc., entonces la mano de la justicia es larga, pues rápidamente son procesados, imputados, perseguidos y encarcelados –en la mayoría de los casos-, no hay perdón ni justicia para éstos, que en muchos casos han tenido que dejar el país para evitar vivir entre rejas.

El Presidente del Estado ha declarado más de una vez que la justicia es para todos, pero habría que agregar que para unos esa justicia es blanda, impune y tolerante, para otros es rigurosa, injusta y exagerada, de tal manera que no es justicia, porque la justicia para ser tal, debe estar sólo ajustada a la ley, sin tomar en cuenta si los procesados son oficialistas y al servicio del régimen u opositores y críticos del mismo, lo que nos lleva a la conclusión categórica: no hay justicia en Bolivia, o mejor dicho justicia independiente.

Esta ausencia de justicia se da también en el ciudadano común, pues al ser víctima de delitos y en algunos casos graves, como la pérdida de vida, una buena parte de los casos no es aclarada y los culpables no son sometidos a la ley, dándose en algunos casos que los operadores de justicia, al cabo de un tiempo, disponen la libertad de peligrosos reos que luego reinciden en la comisión de delitos.

Creemos que en beneficio de la sociedad debe efectuarse una “reingeniería” de la justicia, profunda y profiláctica. Es necesario convocar a los mejores y más destacados jurisconsultos por su ética y prestigio, para reformar una justicia que no es independiente y que es peligrosa para la sociedad.