Legisladores presentan propuestas jurídicas para endurecer sanciones

El asesinato de dos periodistas alteños, es uno más de los hechos que se suman a la inseguridad ciudadana que se vive actualmente en el país. Con la finalidad de proponer soluciones, asambleístas de oposición presentaron una serie de propuestas y normativas para coadyuvar con la seguridad en el país, muchas de ellas nunca fueron tomadas en cuenta, pero tanto oficialistas como contrarios asumen el reto de luchar contra la ola de violencia y muerte que se ha instalado en el país.

En el departamento de La Paz, el gobernador César Cocarico convocó a una cumbre para abordar el tema de la inseguridad ciudadana, así como aquel encuentro nacional que se dio el pasado mes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Para la sociedad, empero, estas reuniones no logran dar soluciones coherentes ni menos prácticas.

Ayer, una multitudinaria marcha bajó de la ciudad de El Alto y se dirigió al Ministerio de Justicia para pedir se dé con los responsables de la creciente ola delincuencial en la urbe más joven de Bolivia.

Otro caso que raya en lo inverosímil, se dio el jueves en la capital oriental, cuando un reo de alta peligrosidad escapó de sus custodios tras hacer un alto en su traslado para “comer pollos”. El avezado ciudadano de nacionalidad brasilera, acusado de múltiples asesinatos, escapó con ayuda de su cónyuge mientras los policías quedaban impotentes de reacción. Hoy, ambos efectivos se encuentran detenidos en la Fiscalía y podrían ser procesados, como anunció el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

En tanto, los legisladores bolivianos plantean normativas para endurecer las penas y ejercer mayor rigor contra los delincuentes, especialmente los reincidentes en casos como asesinatos o violaciones.

El diputado por Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterios lamentó el incremento de los hechos de violencia con fines delictivos en Santa Cruz y exigió al Gobierno, respuestas claras y contundentes a través de normas.

Monasterios recordó que en la anterior gestión presentó el proyecto de Ley “Bolivia Segura”, la cual establece la participación activa de las Fuerzas Armadas en el patrullaje ciudadano con el objetivo de prevenir hechos delictivos y lograr bajar los índices de violencia.

El diputado Roy Moroni (CN), informó que presentará un proyecto de Ley, previa socialización, mediante el cual pretende normar el comportamiento de pandillas y la reducción de la delincuencia.

Asimismo, indicó que la gestión pasada, presentó un proyecto de Ley que norma el comportamiento de las pandillas en el país. Este proyecto tiene cuatro elementos fundamentales: Normar el ingreso a lugares públicos de gente de dudosa procedencia, impartir la materia de seguridad ciudadana en las unidades educativas, solicitud de apoyo del Gobierno a organismos internacionales en hechos de violencia extraordinarios y fomentar la seguridad a través de infraestructura que mejoren las condiciones de los policías.

Asimismo, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, indicó que si bien la pena de muerte no está establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), una de las sanciones máximas podría constituirse en trabajos forzosos para los reos de los penales saturados del país, pues en vez de tener un espacio de reflexión y reinserción a la sociedad, los presos “descansan” en el tiempo de reclusión.

“Hoy en día cometen delitos como asesinatos, violaciones; funcionarios públicos que cometen hechos de corrupción van a la cárcel, descansan, comen y hasta tienen un bono (prediario). Los trabajos forzosos, en las carreteras, por ejemplo, es otra manera de castigo y debería aplicarse”, señaló.

A su turno, el diputado por Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, propuso el incremento de efectivos policiales en diferentes regiones del país, además de que la Policía Nacional centre el cumplimiento de sus funciones en atender la seguridad ciudadana y no en agresiones y represión contra las movilizaciones sociales.

“Hoy la Policía está priorizando resolver los problemas de inseguridad que tiene el Gobierno y no la inseguridad ciudadana; por ejemplo, apalear a los indígenas del TIPNIS y bloquear el acceso a los discapacitados a Plaza Murillo”, manifestó.

Por otro lado, señaló que apoya la pena de muerte para los delincuentes, sanción que pidieron diferentes sectores del país esta semana, luego del asesinato de los periodistas alteños Verónica y Víctor Hugo Peñasco.