Una masiva marcha exige instituir la pena de muerte, los legisladores plantean propuestas jurídicas; la universidad cruceña dedica una jornada al análisis del tema y la Policía no sabe por dónde empezar.
Las muertes, violaciones y atracos de los últimos meses mueven a la población a presionar a las autoridades policiales y Gobierno para frenar esta espiral. Cerca de tres mil vecinos alteños bajaron hasta el centro de la ciudad y frente al Ministerio de Justicia pidieron a voz en cuello implantar la pena de muerte.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó un plan para la lucha contra la inseguridad ciudadana, donde se abre la posibilidad de que parte de las Fuerzas Armadas participen activamente en la estrategia.
La autoridad admitió que la población se encuentra en situación vulnerable frente a la delincuencia y el crimen y lo propio acontece con la Policía.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo rechaza el pedido de legalizar la pena de muerte. “No es un camino para seguir adelante y sería ingresar a la ley del talión”, expresó, aunque se mostró partidario de normas más duras.
En el legislativo se esbozan propuestas jurídicas para endurecer las medidas contra crímenes violentos y tratar de apoyar a la Policía, en una lucha que parece sobrepasar sus posibilidades de defensa.
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