Bolivia y EEUU en nueva etapa de relaciones

El Gobierno de Bolivia decidió, finalmente, dar un paso decisivo en cuanto a sus relaciones internacionales, sin modificar su visión ni afectar sus preferencias por las corrientes que, en este mundo globalizado, se “autodefinen como izquierdistas” o “revolucionarios”, sin especificar con claridad el verdadero sentido de la ideología que profesan, a más de los “encendidos discursos” contra el “imperio”, con el cual el Estado Plurinacional establecerá sus relaciones diplomáticas, en esta oportunidad, ”sí, por primera vez”, como efecto de haber sido sancionada la Ley por el Senado Nacional.

El trámite legislativo cumplido en cuatro meses, desde que el “Convenio Marco” fuese firmado por Bolivia y Estados Unidos el 7 de noviembre de 2011, culminará con la firma del Presidente del Estado en el documento para promulgar la Ley correspondiente y, de esta manera, encauzar aquellas relaciones fracturadas hace, por lo menos, cuatro años. Por el contenido del acuerdo, ambas naciones centrarán su atención a tres aspectos puntuales que, desde siempre, marcaron la agenda bilateral entre lo que era la República de Bolivia y Estados Unidos.

Era de esperar que el “tema de la lucha contra el narcotráfico”, que en su momento provocó la suspensión (ruptura) de las relaciones diplomáticas entre ambos países, hoy se convierte en el punto central del nuevo relacionamiento y en el eje principal del andamiaje de la política internacional de Bolivia, no sólo con EEUU, sino con Brasil, Argentina y aquellos mercados de la cocaína situados en el viejo mundo, considerando que la economía de la coca – cocaína es uno de los problemas más grandes de la humanidad.

Esta vertiente de trascendencia mundial abarca, asimismo, varios temas vinculados con la “cooperación comercial”, sobre cuya base podría perfilarse un proceso de desarrollo que facilite una apertura ilimitada del mercado norteamericano a la producción nacional, a través del restablecimiento del ATPDEA, también “cerrado por efecto de la ruptura” que protagonizó el Gobierno del Estado Plurinacional. Menciona, entre otros, un plan de convenios específicos con el Consejo de Comercio de EEUU, además de otras inversiones bilaterales. En este acápite, la ciudad de El Alto, la más pobre de Bolivia y con mayor índice de delincuencia, se favorecería con la nueva apertura.

El tercer tema, sin la especificación pertinente, se refiere al fortalecimiento de los instrumentos vinculados con el sistema democrático, la preservación de los valores y los derechos humanos, así como el intercambio de colaboración judicial y la extradición de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, sea boliviana u norteamericana. Entre otros casos, al Gobierno le interesa en el momento ventilar los juicios contra Gonzalo Sánchez de Lozada - Carlos Sánchez Berzaín, así como otros ciudadanos que, como es sabido, son políticos opositores.

De hecho, el oficialismo ha destacado la importancia del nuevo instrumento, al considerar que se trata de “un llamado al diálogo, a solucionar los problemas en paz y actuar en coherencia con el derecho internacional y la defensa de la democracia y los derechos humanos” entre los dos países. Pero también garantiza la vigencia del derecho internacional público para encaminar las relaciones internacionales.

Esta aprobación congresal, sin embargo, ha despertado susceptibilidades en algunos medios oficiales de Bolivia y, mucho más, en los gobiernos que durante los seis últimos años siguieron una línea de acercamiento mutuo en su objetivo de luchar contra el imperio. No ha pasado desapercibido el hecho de que la presidenta de la Comisión de Política Internacional de Diputados, Ingrid Zabala, se haya reunido con el embajador de Irán en Bolivia, Alireza Ghezili, para “ofrecer una explicación” de los hechos, tomando en cuenta que Estados Unidos promueve una campaña contra la política armamentista de ese país, específicamente en el campo nuclear.

Estados Unidos ha ofrecido a Bolivia un amplio plan de cooperación durante las décadas que en el país se ha consolidado el sistema democrático, a través de varias agencias, tales como USAID, la División Antinarcóticos (NAS), Grupo Militar y otras, que ofrecen cada año un promedio de 150 millones de dólares en calidad de donación. Informes oficiales revelan, en ese sentido, que EEUU ha entregado poco más de 1.400 millones de dólares, durante la última década.