En la historia boliviana, la pena de muerte estuvo ligada a coyunturas militares, de facto y políticas. El delito de “traición a la Patria” sirvió como escudo para liquidar a enemigos de turno. De estos, dos casos quedaron marcados en las páginas de la historia nacional.
Durante el gobierno del Tcnl. German Busch, el militar de carácter duro no tuvo reparos en mandar a ajusticiar a quienes se oponían o cuestionaban su autoridad. En 1938 tras un fallido intento de golpe, el presidente ordenó un sumario de guerra y bajo esa figura ordenó la ejecución del teniente Juan de Dios Cárdenas.
Caso similar ocurrió con el sacerdote Severo Catorceno, acusado de graves faltas a la moral contra niñas campesinas en Potosí. Busch ordenó el fusilamiento sin mayor demora.
El propio “barón del estaño”, Mauricio Hochschild, estuvo a punto de ser fusilado, pero Busch decidió indultar al empresario minero, acusado de vender documentos a extranjeros.
En el gobierno de facto del general Hugo Bánzer se produjo el último caso de ejecución a un delincuente, bajo la figura de pena de muerte.
La violación y posterior fallecimiento de una menor de cuatro años provocó la indignación popular y la salida del Mandatario fue determinar la pena capital para Melquiades Suxo, un campesino de 54 años, acusado de asesinato, estupro, rapto y asesinato. El fusilamiento se produjo en el penal de San Pedro de La Paz en 1973 por un pelotón de diez policías.
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