El recurso del linchamiento se abre paso ante la indiferencia de muchos

El linchamiento de un presunto ladrón en Río Seco, la impotencia de la Policía para frenar a la multitud, los pedidos de algunos sectores sociales para que se imponga la pena de muerte y los últimos actos de violencia parecen abrir la puerta al recurso del linchamiento.

En contra de los linchamientos habrá que señalar que esta medida extrema afecta en muchas ocasiones a inocentes que sucumben ante la presión de la turba. No hay proporción entre causa y efecto, porque un simple robo puede determinar la muerte de quien ha cometido un acto no relevante. Finalmente, este tipo de ejecución es violenta, no mide medios y los eventuales ejecutores sienten que tienen el poder en las manos y no conocen del perdón.

El linchamiento es una respuesta de quienes han sufrido sistemáticamente una escasa impartición de justicia y soportan los embates de políticas económicas desfavorables. Aparece como recurso fatal para controlar parte del desorden que el crimen introduce a la vida de poblaciones, especialmente deprimidas económicamente.

Este tipo de actos han ocurrido en toda la historia de la humanidad, cuando hay niveles crecientes de impunidad y violencia. La Policía dejó pasar algunos de estos hechos, incluso cuando fueron afectados miembros de esta institución.

Se trata de “contaminación de voz a voz”; deriva en acusar a alguien que cometió o puede cometer un delito, sin que ello sea totalmente cierto y deriva en linchamientos que pueden ir de lesiones graves a la muerte.

“En el fondo hay un sentimiento de injusticia y es una especie de mecanismo de defensa de la masa; el que victima, en este caso el grupo, cambia la percepción del otro a quien lo toma como cosa y no persona”, explica desde la perspectiva psicológica el profesional Carlos Velásquez.

El senador por Convergencia Nacional (CN), Bernard Gutiérrez, calificó a la acción del linchamiento como una “barbarie”. Pero además afirmó que esta medida aplicada por comunidades y zonas urbanas del país, es el resultado de la “desesperación” de la ciudadanía ante la ineficacia de los sistemas de seguridad, de control y ante la infrecuencia dela administración del sistema de justicia.

“Hay que entenderlo desde su propia dimensión. Esto nos esta demostrando algo. Lamentablemente los delincuentes salen más rápido de la cárcel que lo que entran. Hay que reconocer nuestro propio Código de Procedimiento Penal tiene algunos vacíos que están de alguna manera sin querer obrando en favor de los delincuentes”, dijo.

Destacó que existen muchos casos en que la reincidencia no es tomada en cuenta en el ordenamiento como un elemento que pueda contribuir a la privación de la libertad.

LOS CASOS

El 28 de mayo del pasado año, las organizaciones de pueblos indígenas y originarios condenaron el linchamiento de cuatro policías ocurrido ese mes en la comunidad de Saca Saca del Ayllu Laime, ubicado en el municipio de Uncía, norte del departamento de Potosí, y atribuyeron el hecho al abandono al que sometió el Estado a las comunidades rurales.

En septiembre de 2010 en la comunidad de Batallani, municipio de Tapacarí. Los dirigentes del lugar se armaron de palos y picotas para victimar a los hermanos Sabino, Basilio y Bonifacio Espinoza Flores. Los dirigentes golpearon a los hermanos en frente de sus esposas e hijos, luego los ataron de las manos y les enterraron vivos.