Analista afirma que linchamientos son consecuencia de retardación de justicia

La retardación de la justicia inmersa en el Estado boliviano, pone en riesgo de institucionalizar y profundizar la problemática de los casos de linchamiento en el país, sostuvo el analista político Carlos Cordero.

“Los linchamientos están ligados a la retardación de justicia, porque no hay una relación en los procedimientos penales; las cárceles no reforman ni existen oportunidades para las personas que ingresan a prisión, producto de la debilidad y la ausencia del Estado”, sostuvo Cordero.

El analista político manifestó que la retardación de la justicia genera frustración en la ciudadanía, en vista que las sentencias se dejan esperar, por lo que surge un sentimiento de falta de credibilidad, que no les permite regirse a lo que dicta la norma. En este sentido optan por sancionar a los antisociales con sus propias manos, como es el caso del denominado “linchamiento”.

Cordero, aseguró, que para combatir la extrema violencia que vive el país, con relación a los linchamientos, primero se debe partir desde la educación y el fortalecimiento del Estado, a través del porte de políticas para la administración de justicia. “Las causas esenciales para que surja esta problemática es la omisión que hace el Estado en este tema y la falta de políticas gubernamentales, que fortalezcan la seguridad y optimicen la justicia”, dijo.

Para evitar el riesgo de institucionalizar los casos de linchamiento, dijo, existen organismos de seguridad del Estado, que pueden encargarse de brindar los resguardos oportunos, además, de coadyuvar a la parte social del país.

Caso contrario, consideró que la violencia puede convertirse en un mecanismo de control de parte de la sociedad, ya que la misma se encuentra ocupada buscando una anhelada seguridad, que el Gobierno no logra atender.

El proceso para cambiar la cultura de violencia en el país, dijo, debe ir acompañado de leyes. Esta iniciativa debe garantizar una mayor presencia estatal en las zonas más vulnerables y la lucha contra la pobreza. “En este momento la propuesta ciudadana es contra un Gobierno y un Estado que ha demostrado debilidad y falta de iniciativas para frenar la violencia”, concluyó el analista político.

Por su parte el analista cruceño Jimmy Ortiz, sostuvo, que para disminuir la ola delincuencial que aqueja al país y la presencia de cogoteros en las calles, se debe duplicar la pena a los reos para que no vuelvan a salir de la cárcel y sigan cometiendo sus fechorías.

Hasta el momento 59 personas murieron a manos de estos delincuentes que siembran terror en El Alto. A ello se suma la inseguridad ciudadana que campea especialmente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.

Según Ortiz, la preocupación de la población se acrecienta, viéndose impotente debido a que no existe voluntad política de parte de las autoridades para frenar la arremetida de los antisociales.

“Nos preocupa a todos, porque ya no se puede confiar casi en nadie menos en la Policía, pues la institución vive una etapa de desprestigio”, manifestó.

Sostuvo además que las cumbre s sobre seguridad ciudadana efectuadas en algunos departamentos hace algunas semanas, no sirvieron de mucho porque todo quedó en el escritorio de los gobernantes.

“Para que la Ley de seguridad ciudadana entre en funcionamiento se la debe fortificar y deben ser las gobernaciones departamentales quienes se hagan cargo del financiamiento, mediante dineros que ingresan por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)”, aseveró.