Ministerio trabajará en política criminal para enfrentar al crimen

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que su despacho trabajará en una política criminal para enfrentar al crimen organizado, además de impulsar reformas a las leyes para endurecer las penas.

Dijo que la política criminal hay que debatirla a propósito de la reforma del Código Penal, la Ley del Ministerio Público y las reformas judiciales.

A su juicio, no es posible mejorar la seguridad ciudadana sólo con fortalecer a la Policía, sino que se debe acompañar esa acción con reformas judiciales al régimen penitenciario, a la Ley del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Romero reconoció que la seguridad ciudadana es un tema que constituye parte de la agenda en diferentes países, como una tarea prioritaria y estratégica para enfrentar al delito.

Se refirió también a que si las sanciones disuasivas no dan resultado, necesariamente se deben endurecer las penas. “Debemos impulsar nuevos enfoques de reinserción social para prevenir el delito, pero esto debe ir acompañado de una mano dura tal como en este momento está pidiendo especialmente la población alteña”, aseveró.

Además sostuvo que esas demandas la aceptan con mucho respeto, porque ayudan a visibilizar cuáles son los temas en las que todavía no hay una buena respuesta.

Señaló que la seguridad ciudadana no es sólo tema principal en el ámbito boliviano, sino que el problema es prioridad en otros países, donde se ha convertido en una labor estratégica para combatir este flagelo.

“Es por eso que en Bolivia también ya existe un programa gubernamental que cuenta con una planificación de normas que se desarrollarán de manera adecuada con la finalidad de fortalecer el tema de la seguridad ciudadana”, manifestó.

Otro de los temas que en el momento preocupa, según la autoridad, es el tema del fortalecimiento institucional que está en la agenda principal como la infraestructura, adquisición de equipos de comunicación, implementación en el parque automotor y la actualización con una tecnología de punta sin olvidarse que la justicia también precisa muchos cambios.

El pasado viernes, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, exigió la pena de muerte para los cogoteros y cárcel para los operadores de la justicia, durante una marcha masiva que se inició en la Ceja y culminó en el paseo de El Prado de la Sede de Gobierno, donde está ubicado el Ministerio de Justicia.Cerca de tres mil vecinos, entre representantes y dirigentes de los 14 distritos de la urbe alteña, llegaron a las puertas del Ministerio de Justicia para exigir la restitución de la pena capital tras la muerte de dos periodistas que fueron asesinados a manos de delincuentes la madrugada del 26 de febrero.

Asimismo, el pasado lunes centenares de pobladores de varis provincias protestaron en el centro de la ciudad de La Paz y pidieron pena de muerte para los delincuentes. La marcha fue encabezada por los familiares de los periodistas Verónica y Víctor Hugo Peñasco,