Justicia comunitaria y pena de muerte

La ola de delincuencia, crímenes, asesinatos, atracos y toda clase de actos de violencia ha conmovido a la opinión pública y ha revelado que no existe la denominada “seguridad ciudadana” de la que tanto alarde hicieron los candidatos al Gobierno y que ofrecieron eliminar, en cuanto se hiciesen cargo de las riendas del Estado.

La protesta pública llegó hasta los sectores campesinos e indígenas que no tardaron en pronunciarse haciendo demostraciones demandando sanciones para los culpables y llegando, al mismo tiempo, al extremo de pedir el dictado de una ley -previa reforma de la Carta constitucional- que restablezca en el país la pena de muerte para quienes fuesen hallados como autores de crímenes horrendos, como los que suceden a diario en todo el país.

En particular llamó la atención que quienes pidieron la pena de muerte fueron los campesinos que inclusive llenaron las calles de La Paz y exhibieron letreros exigiendo la aplicación de esa medida. En efecto, los indígenas, que regularmente estuvieron demandando la aplicación de la “justicia comunitaria” -que tiene como práctica regular la aplicación de la justicia por mano propia-, reclamaron legalizar ese procedimiento, es decir dar continuidad a una de sus prácticas ancestrales, consistente en dar muerte a quienes fuesen hallados culpables de diversos actos de violencia.

Los linchamientos en el medio rural y aun urbano han proliferado en los últimos seis o siete años y han estremecido a la población porque, en la mayoría de los casos, las víctimas no fueron procesadas por las autoridades competentes y se comprobó que, en algunos casos, los linchados fueron personas inocentes. Esa manera de proceder para “hacer justicia” fue denominada algunas veces como “justicia comunitaria” e inclusive fue incorporada en la Constitución aprobada en la última Constituyente.

Ahora, sin embargo, los indígenas que fueron favorecidos con la “justicia comunitaria” -que practica la pena de muerte de manera ancestral- piden que se dicte una ley que legalice ese castigo, vale decir que desean que se legalice el sistema de sanción extrema de acuerdo con sus prácticas tradicionales. En efecto, legalizar ahora la pena de muerte será legalizar las prácticas tradicionales de un sistema judicial primitivo, en el cual no existen autoridades debidamente designadas, no hay derecho a la defensa, no existe la apelación, tampoco se conoce la presunción de inocencia, así como gran cantidad de modernos principios jurídicos que alcanzó la humanidad durante los últimos siglos.

Resulta, pues, congruente la exigencia de los pobladores rurales (que son alrededor del 30 por ciento de la población total del país y que tienen por práctica tradicional la aplicación de la pena de muerte), con sus procedimientos comunitarios y así poner en práctica los principios comunitarios del “ama sua, ama llulla, ama kella” que también están incluidos en la Constitución vigente.

En síntesis, el pedido de los indígenas consistiría en legalizar la práctica de la pena capital establecida por la antigua “justicia comunitaria”, sistema que últimamente se ha ido extendiendo a casi todo el país y que, en muchos casos, horrorizó a la población por la aplicación del linchamiento, la lapidación, quema con gasolina, degollamiento y otros métodos inconcebibles en el mundo, donde la justicia ha evolucionado y dejado de lado tan bárbaros procedimientos.