Acción policial y militar para seguridad ciudadana

Bolivia, como otros países de América Latina, atraviesa por un período difícil, debido a la inseguridad ciudadana. Lamentablemente la delincuencia y el crimen organizado han aumentado, alarmando y trayendo luto y dolor a la familia boliviana. La presencia de estos elementos del hampa y su accionar a cualquier hora ponen en peligro tanto a peatones como a conductores de vehículos de transporte.

Ante esta situación los efectivos policiales se han visto rebasados en su accionar, en unos casos debido a la falta de apoyo de la ciudadanía, por haber perdido la confianza y credibilidad de la ciudadanía, pues infelizmente algunos de sus integrantes han ayudado a delincuentes. La ciudadanía al verse desprotegida tiende a organizarse en los barrios con las juntas vecinales, a fin de poder auxiliarse unos a otros.

Informes de otros países, donde la delincuencia y el crimen organizado han alcanzado preponderancia, hacen ver que sus habitantes apelan al uso de armas de fuego, como medio de defensa. Los bolivianos no estamos lejos de apelar al mismo sistema para poner coto a los asaltos y crímenes. Las recientes manifestaciones populares para pedir justicia nos hacen ver que el problema es muy grave y algo se tiene que hacer.

La Asamblea Legislativa tiene el deber de considerar medidas que tiendan a poner fin a la actual situación, en caso contrario el país entrará en un caos jurídico, donde sólo se imponga el linchamiento, contrario al orden institucional y que, además, puede acabar con a inocentes, como sucedió algunas veces.

Grandes sectores sociales piden la aplicación de la pena de muerte para los delincuentes y si bien esta medida es resistida por algunos, queda la posibilidad de que se convoque a un referéndum. Por lo pronto se debería desconcentrar los efectivos policiales, a fin de utilizarlos en su mayor parte en tareas de control y patrullaje.

Por ello es necesario dar los pasos necesarios para la modificación del Código de Procedimiento Penal, lo que significa trabajo conjunto del Ministerio Público, la Policía y la Judicatura. Los delincuentes deben ser trasladados a granjas o colonias de readaptación, como había anteriormente en Miguillas y Guanay, a fin de reincorporarlos lentamente a la sociedad.

Por su parte las Fuerzas Armadas tienen la obligación de colaborar con la sociedad civil, como parte de su tarea de control dentro del territorio nacional. Sus efectivos militares de diversas ramas, entre ellas la Policía Militar, deberían ser organizados para hacer patrullajes permanentes, de día y de noche, con el objeto de garantizar el desplazamiento de los civiles por las ciudades del país.

Las gobernaciones y las alcaldías pueden efectuar los contactos necesarios para poner en funcionamiento infraestructura y mecanismos de seguridad, como ocurre en otros países del continente, de lo contrario el problema se agravará y aumentarán los linchamientos y medios de justicia popular, sin que nadie diga algo, quedando en riesgo las instituciones democráticas de Bolivia.

El autor es ex docente de UMSA.