Defensor propone sumar condenas para cogoteros

El representante del Defensor del Pueblo en la ciudad de El alto, José Luis Hidalgo, descalificó la pena de muerte como una sanción proponiendo que una medida como la sumatoria de penas pueda ingresar en la etapa de socialización para la modificación del Código Penal como forma de sancionar los delitos a quiénes cometen violación y asesinato.

Según el entrevistado, la demanda de pena de muerte y la castración sintética fueron rechazadas por diferentes instancias como Derechos Humanos y la propia Defensoría, poniendo en debate la posibilidad de modificar normas para aplicar sanciones más rigurosas en contra de las asociaciones delictuosas o los responsables de hechos violentos que dañen los grados de convivencia social.

En el recuento realizado por la representación del Defensor del Pueblo se identifica que entre las corrientes de derecho, el Anglosajon se caracteriza por la sumatoria de penas o más conocido como el cúmulo de las mismas, la cual es más conocida en los Estados Unidos.

“Un delincuente recibe una pena por cada delito cometido de un mismo caso una sentencia y las mismas se suman pudiendo llegarse hasta la famosa penalidad de doscientos treinta y dos años de prisión”, sostiene la autoridad.

El no acumular penas, en cambio, fue inoculado a la legislación penal dominicana por las disposiciones del artículo 5, del Código Penal Francés de 1810, según el cual, “en caso de iconviction, comisión de varios crímenes o delitos, la pena más fuerte será la única pronunciada”.

Dejando a nuestro país la pena máxima sólo de 30 años, si se llega hasta la sentencia y si existe retardación de justicia entre otros factores, los sindicados, pueden salir de la cárcel con medidas sustitutivas.

“Es por eso que el debate en este aspecto es importante, pero sin olvidarse de que la modificación de la norma no puede aplicarse por sí misma, fracasando así en la lucha contra la delincuencia, sino es acompañada por las demás políticas a mediano y largo plazo”, indicó.

De acuerdo a Hidalgo, la inseguridad ciudadana es una problemática estructural, donde el componente responsable de la misma no es sólo el Gobierno o las políticas locales, sino que debe ser enfrentada con programas a mediano y largo plazo, en ámbitos sociales macro y hasta familiares.

“De manera inmediata de seguro que el Gobierno debe disponer incrementar el equipamiento de los efectivos policiales, aumentar la cantidad de uniformados en las tareas de patrullaje, controles, donde no se debe descartar que la participación de los efectivos de las Fuerza Armadas (FFAA), las cuales deban tener una tareas continua de control en las zonas focalizadas, como de alto riesgo”, indicó.

Todas las anteriores tareas efectuadas en base a programas, en consideración de Hidalgo, deben estar coordinadas y apoyadas con los sectores sociales como las juntas vecinales, quiénes deben controlar y realizar un censo identificando a los vecinos y personas que cometen actividades ilícitas.