MSM demandaría a TCP por caso TIPNIS

(ANF).- Ayda Camacho, abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), afirmó este jueves que en el caso de que el Tribunal Constitucional Plurinacional no admita el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por dos diputados de esta tienda partidaria en contra de la Ley de Consulta Previa, demandarán a los magistrados por denegación de justicia establecido en la normativa nacional.

El Tribunal Constitucional tiene como plazo hasta este 12 de marzo para admitir, o, rechazar la demanda presentada por los diputados Fabián Yaksic y Marcela Revollo, cumpliendo los 10 días establecidos en la reglamentación del Órgano Judicial.

“Una vez que hemos presentado la acción abstracta de inconstitucionalidad (el lunes 27 de febrero), el Tribunal tiene 10 días para pronunciarse en la Comisión de Admisión; una vez pronunciada esta comisión, debe llevarse a uno de los tribunos para su resolución (…), vamos a solicitar que la Comisión de Admisión que se pronuncie, sabiendo que el incumplimiento del plazo se llama denegación de justicia”, manifestó Camacho.

La demanda fue presentada en la ciudad de Sucre, sede del Tribunal Constitucional, y un día después el líder del MSM, Juan Del Granado, explicó que el primer convocado para prestar declaraciones es el vicepresidente Álvaro García Linera porque la Asamblea Legislativa convalidó el contrato de financiamiento de la cuestionada carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Los legisladores que interpusieron el recurso, sostienen que se firmaron contratos de construcción y financiamiento de la carretera, sin el “consentimiento” de los indígenas del TIPNIS, por lo que se aprobó una Ley que refrenda el financiamiento por parte del BANDES de Brasil desembolsando 16,6 millones de dólares a la brasileña OAS como anticipo.

Además, el memorial señala que el ABC establece que la vía tenía un solo tramo que luego fue dividido en tres para liberar a la constructora de la presentación de estudios ambientales. La demanda de los Sin Miedo sostiene que si el gobierno quería hacer una verdadera consulta previa, debió rescindir contrato con OAS.