El senador por Convergencia Nacional (CN), Roger Pinto, solicitó ayer mediante carta a la Fiscalía General, investigue supuesto caso de tortura y ejecución extrajudicial realizada en Santa Cruz en el año 2009 durante el operativo del caso Rozsa llevado a cabo en el hotel las Américas, debido a que existe preocupación por organismos internacionales de que en Bolivia se cuarte los derechos humanos. Por su parte, el senador por el oficialismo Eugenio Rojas, calificó el informe presentado como una actitud poco seria.
En la jornada de ayer, Pinto junto a miembros de su bancada, presentaron un video y diapositivas que daban a conocer fotografías que supuestamente demostraban actos de tortura, durante el operativo realizado en Santa Cruz, en el caso de supuesto terrorismo y el fallecimiento del miliciano húngaro, croata – boliviano, Eduardo Rosza Flores, por lo que una organización internacional brasilera que vela por los derechos humanos, mostró su preocupación al señalar que en Bolivia se habría cometido tortura y ejecución sumaria durante la captura de los sospechosos.
Ante este panorama, Pinto expresó que en la función de ciudadanos la bancada opositora vio por conveniente dar a conocer las pruebas que se les hizo llegar, con la finalidad de que se toma cartas en el asunto y que la Fiscalía en cumplimiento de sus funciones deberá investigar y evaluar la situación para dar una respuesta.
Por su parte, el diputado oficialista Eugenio Rojas (MAS), expresó que la presentación de estas pruebas no se las podría considerar, ya que existe la duda de la procedencia de las mismas, situación que impide tomar una actitud seria con relación al caso y alegó que podría ser sólo una distracción mediática.
“Esos elementos se consideran nada serios, cualquiera puede pasar imágenes, por lo que no es serio”, señaló.
El 16 de abril de 2009 un grupo de supuestos terroristas fue encontrado en el hotel Las Américas de la capital cruceña. Los efectivos bolivianos ingresaron y dieron muerte a tres de los cinco ocupantes de una habitación. Para la oposición se trató de una carnada para vincular a los líderes cívicos y políticos de la entonces llamada media luna, con actos de terrorismo y sedición. El Gobierno afirma que se desarticuló una banda criminal que planificaba un atentado e incluso el magnicidio de Evo Morales y su gabinete de ministros en Bolivia.
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