Otra vez el azúcar y el arroz

La instalación de un nuevo complejo azucarero en Bermejo y el excedente productivo de arroz son dos nuevos problemas que surgen para el Gobierno. El primero se origina en el Decreto Supremo 29.874 que data de 2008, de creación de Azucarbol como Empresa Pública Nacional, pero que llegada la hora de la verdad se había partido de “supuestos” sobre la producción de caña en Tarija y que hoy a la luz de estudios e imágenes satelitales resulta que no existe suficiente materia prima “ni áreas de potencial cultivo”.

Sin embargo los cañeros sostienen que entre 2008 y 2010 tuvieron que exportar caña en bruto. Estamos ante la palabra del Gobierno frente a la de los cañeros. ¿A quién creer en semejante contradicción? Esto es fruto de la precipitación gubernamental y de complacer a todo lo que pide algún grupo, pese a que este vicio es motivo de crítica a los anteriores gobiernos.

La finalidad de la marcha emprendida por 300 productores es entrevistarse con el presidente Evo Morales, para recordarle los continuos ofrecimientos hechos para un nuevo ingenio y pedir el cumplimiento de un convenio coincidente del 27 de octubre de 2011. La inversión correspondiente está estimada en 32 millones de dólares, de los cuales la Gobernación tarijeña podría erogar 10 millones, aunque ésta guarda silencio.

Salta a primera vista que este tipo de proyectos no concuerda con el supuesto régimen autonómico vigente y sorprende la tenacidad con la que el Gobierno Central los hace suyos. Lo propio ocurre con el proyecto de Ingenio Azucarero en San Buenaventura, concebido a su vez como empresa pública y que fue desempolvado en los últimos días. La veracidad de su funcionamiento es todavía materia dudosa y merece análisis aparte.

A propósito, los cañeros tarijeños exigen que se les dé el mismo trato que a los de San Buenaventura, donde, dicen, no existen suficientes cañaverales. La experiencia demuestra que el capitalismo de Estado que practica la actual administración es errática hasta el momento (Papelbol, Cartonbol, Industrias Lecheras, etc). El caso que tratamos es idéntico: ingenios azucareros al por mayor. Cuatro o cinco privados en Santa Cruz, el existente en Bermejo y ahora el de San Buenaventura.

Por su parte, los arroceros han ido más allá tomando siete campos petroleros en la región de Santa Rosa del Sara y en Yapacaní en el departamento de Santa Cruz, como medida extrema de presión. Este movimiento sostiene que las restricciones de exportación impuestas por el Gobierno determinaron la pérdida de mercados, a lo que se suma la injerencia de Emapa. Resultado de lo anterior son las bajas cotizaciones del producto y su acumulación en almacenes y depósitos, alcanzando a 54.000 toneladas.

Según los pequeños productores de arroz el precio de 20 dólares que se les paga en el mercado no cubre sus costos y su pedido concreto es que frente al estocamiento y a la proximidad de la nueva cosecha el Gobierno compre toda la producción existente al precio de 60 dólares la fanega. Se trata de un planteamiento a todas luces irracional, pues ni el Gobierno ni institución o empresa alguna podría acceder a un negocio como el propuesto.

La acumulación de arroz en el país, muy semejante a una panacea o a las “siete vacas gordas de Egipto”, no es otra cosa que la falta de previsión y de planificación de los ministerios y órganos respectivos del Gobierno, situación harto recurrente en todos los rubros de la economía. Es parte de un proceso planificador establecer las necesidades de consumo interno y las de exportación, sobre bases seguras y compromisos preestablecidos. Hoy es el exceso de un producto, mañana será la escasez de otro o su abundancia. Un círculo vicioso o juego de azar a los que no se puede someter la economía.

En respuesta al sector arrocero, en principio, el Gobierno les sugiere la venta a las Fuerzas Armadas y a la Policía. En cuanto a la autorización de libre venta al exterior mediante decreto supremo, los productores del grano responden que la recuperación de mercados no es cosa sencilla después de años seguidos de restricciones.

Cualquiera que sea el conflicto estamos entrampados en las tomas de los pozos de hidrocarburos que cualquier sector se toma la libertad de hacerlo, perjudicando la normalidad de las exportaciones y atentando contra el cumplimiento de compromisos con el exterior, en este caso a la Argentina, calculándose una pérdida diaria de más de medio millón de dólares, de la cual nadie se hace responsable. No se sabe de alguna acción judicial contra los instigadores de similares y anteriores atentados de esta naturaleza. El Gobierno es incapaz de ello y se muestra amigo de la impunidad.