Fracaso de la lucha contra la delincuencia

Ante la presencia de graves acontecimientos, como la escasez de alimentos, las marchas indígenas, los problemas de la tierra y otros grandes desastres sociales, autoridades del Estado, gobernaciones y municipios reaccionaron ofreciendo soluciones inmediatas y, en algunos casos, haciendo aportes financieros para paliar las crisis. Al mismo tiempo hacen grandes ofertas publicitarias, organizan asambleas, “cumbres”, sesiones de ministros, gobernadores, alcaldes y promueven reuniones de grupos partidarios afines con el objetivo de “resolver los problemas” y así satisfacer las demandas populares.

Sin embargo, pese a las grandes manifestaciones de preocupación oficial, los enormes gastos que significan esas “cumbres” y otro tipo de reuniones de nivel nacional, los problemas siguen existiendo con el detalle de que en vez de ser solucionados, se agravan y aumentan en progresión geométrica. Se muestra, en esa forma, que los intentos para resolver los problemas resultaron inútiles y que todos los gastos fueron como echar agua en la arena.

Uno de esos fracasos resultó la lucha contra la delincuencia urbana, determinando que la “seguridad ciudadana” deje de existir, al extremo que se ha presentado una ola (léase tsunami) de violencia de grandes proporciones que ha provocado que los ciudadanos afectados salgan a las calles a exigir justicia, demandar la presencia de policías y, finalmente, exigir la pena de muerte para los antisociales que, por lo demás, siguen inmunes e impunes y, según se afirma, protegidos por algunos mecanismos judiciales que ponen en libertad a elementos de reconocida filiación criminal.

El año pasado se caracterizó por una cadena de hechos de sangre de los que fueron víctimas inocentes ciudadanos. Se denunció, a la vez, el crecimiento de la violencia y, como era de esperarse, las autoridades dieron el grito al cielo y en medio de grandes aspavientos, realizaron grandes foros, en los que se prometió acabar con la inseguridad ciudadana. Pero los ofrecimientos para curar el mal no dieron resultado y todo terminó en grandes anuncios y montañas de palabras. En efecto, aumentó la inseguridad ciudadana a vista y paciencia del Gobierno.

Ahora la situación ha llegado a tal extremo que poblaciones enteras de las principales ciudades del país -como El Alto- han tenido que salir a las calles a reclamar por seguridad para la vida de sus mujeres, jóvenes, niños y ancianos que no sólo son atracados en vía pública, sino son asesinados alevosamente para robarles un reloj o un teléfono celular. El caso del asesinato de dos jóvenes periodistas fue la gota que colmó el vaso y grandes masas salieron a pedir la pena de muerte, pensando, además, en que como el primer mandatario dijo que gobernaría “escuchando al pueblo”, decida adoptar esa resistida medida.

Lo más notable del caso es que se hace ofertas de solución iguales que las anteriores, por lo que se puede anticipar que los ofrecimientos para conseguir “seguridad ciudadana” terminarán en otro fracaso, porque todas las “campañas” no tocan, ni mucho menos, las causas de la delincuencia, que no son otras que desempleo, hambre, inflación, incumplimiento de los programas para “vivir bien”, los bajos salarios, el desvío de grandes recursos monetarios para compra de satélites, aviones de lujo, helicópteros, palacios, obras faraónicas y otros despilfarros que son causas de la actual inseguridad ciudadana.