Abogado explica que las normas por sí solas no terminarán con la inseguridad cotidiana

La abuela, las hermanas y la madre, expresando en su rostro todo el dolor que las invade por la pérdida de Verónica y Víctor Hugo Peñasco, encabezaron una masiva marcha solicitando justicia y sanciones para los causantes de su dolor. El caso, más allá de marcar otra página de duelo en el cotidiano vivir, fue el comienzo para que las autoridades asuman de una vez el tema de la inseguridad ciudadana.

Ante este panorama EL DIARIO consultó al abogado Javier Quenta, quien señaló que las leyes establecidas dentro del Código Penal por sí solas no acabarán con la delincuencia, por más que se reformulen los castigos, haciéndolos más drásticos como el extremo de la pena de muerte.

El jurista señaló que se debe trabajar en la elaboración de una política sobre criminalidad, en base a la cual se comience a atender otros elementos que hacen a la realidad de la sociedad, evaluando las acciones desde un punto de vista criminológico; acciones que posteriormente podrían impulsar diversas posiciones legislativas que permitan tener en cuenta elementos que ayuden a dar solución al tema del crimen.

Ante la consulta realizada de si las leyes establecida en el Código Penal resuelven el problema, Quenta expresó que la solución del crimen no se reduce al conocimiento de las ciencias penales, “es mucho más, cuando hablamos del crimen vamos mucho más allá, hay necesidad de salir del marco en el que nos encontramos y a partir de las políticas criminales, empezar a justificar y analizar las otras políticas como las políticas económicas, salud y empleo, que deben acompañar a la solución integral”.

Mencionó que en este marco, existe la necesidad de saber exactamente cuántos y cuáles son los hechos que lastiman la sensibilidad de la sociedad utilizando elementos criminológicos.

Quenta señaló que el que no exista ni siquiera una estadística criminológica, es una clara muestra de la falta de conocimiento sobre el crecimiento de la delincuenciay sus causas o consecuencias.

“Yo no puedo agarrar sólo la ley y decir, por ejemplo, que para asesinato que tiene la pena de 30 años y subirla a 35. No puedo decir que el delito de violación llegue a 30 años y no puedo decir que se establezca la pena de muerte; no se debe proceder de esa manera, lo que tiene que existir es una justificación de carácter criminológico”, explicó.

Aclaró que las penas o sentencias, como todo proceder, tienen una finalidad, que es el de reformar a las personas las cuales en un determinado momento han cometido un delito, acción que se desarrolla tomando en cuenta el respeto de los derechos humanos que se cita en la Constitución Política del Estado (CPE), en su art. 15, parágrafo I, que establece el respeto a la vida.

El abogado recordó que antes del actual Código Penal los preceptos presentaban una serie de falencias, a través de las cuales muchas veces se llegaba a prejuzgar a las personas, discriminando y fomentando factores iniciales para que un sujeto “X” cometa un delito y reincida tras ser catalogado por la sociedad.