Desde hace mucho tiempo, el caso irresoluto “Rósza y el terrorismo”, que ha dado lugar a hechos increíbles en la ciudad de Santa Cruz y que ha implicado la muerte de tres personas que descansaban en un hotel, ha dado lugar a que Policía, Poder Judicial y autoridades del Ejecutivo “se empeñen en aclarar, dar con los culpables intelectuales y encontrar razones o resultados”. Descuidos, negligencia o cualesquiera otras razones han dado lugar a que fiscales a quienes se encomendó su investigación, fracasen y los resultados nunca se produzcan.
Hoy, después de mucho tiempo, se trae a colación todo lo ocurrido y, al abrirse las investigaciones, muy poco se añade a lo que se dijo inicialmente: “la Policía encontró a extremistas y, en lucha producida en un hotel, eliminó a presuntos terroristas” que también fueron acusados de haber atentado “contra la vivienda del Cardenal”. Poco, muy poco se avanzó en este problema que, dados los elementos de juicio que se tiene, ya podían estar resueltos, porque inclusive se inculpó a personas que por principio se supo que jamás pudieron intervenir en los hechos y menos ser cómplices o propiciadores de una posible organización de terrorismo. ¿Cuánto se avanzó? ¿Cuánto se dijo de una y otra persona que nada tuvo que ver con los problemas denunciados? ¿Cuántos fiscales y jueces tuvieron que ver el caso y no han mostrado conclusión alguna? ¿Cuáles fueron los pasos que se dio para esclarecer este caso que resulta ser una vergüenza no sólo para el Gobierno sino para todo el país?
Hay mucho, muchísimo por decir al respecto. Sostener ahora lo que se dijo inicialmente: “Las investigaciones se procesan con celeridad y pronto se tendrá resultados” es una falacia que desprestigia a las propias autoridades, puesto que los resultados anteriores y los que seguramente surgirán en estos días, nada o muy poco dirán sobre este caso que, en criterio de la colectividad, tuvo mucho de “show” que nada tuvo que ver con la realidad, no obstante la muerte de mercenarios – presuntos terroristas - que habrían sido contratados en el exterior con miras a “organizar cuadros que atenten contra el Gobierno y pueblo bolivianos”.
Desde la posesión de nuevos magistrados del Poder Judicial, circulan promesas de que “todos los procesos existentes en tribunales se procesarán con eficiencia y prontitud”. Es de esperar que este caso y otros referidos al terrorismo reciban la atención debida porque el país no puede seguir con el baldón: “se descubre actos de terrorismo y nada se hace para llegar a conclusiones”. La justicia, debidamente administrada, debe llegar a cubrir todos los aspectos de la vida nacional y mucho más a aquellos casos que implican la seguridad del Estado que en líneas generales, implican al Gobierno y al pueblo. El terrorismo, pese a los “justificativos” que le encuentren políticas de extremismos, es malo, es perjudicial y contrario a los derechos humanos. El que internamente o mediante organizaciones extranjeras que hayan formado cuadros especiales que atenten contra el Gobierno, las instituciones del Estado o contra el pueblo, debe merecer mucha atención. No hacerlo es, simplemente, complicarse con un delito que cobra siempre muchas víctimas. Es preciso, pues, que las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial lleven a conclusiones el caso “Rósza y terrorismo”.
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