MSM iniciará demanda contra funcionario de ABC

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, anunció que presentó una denuncia penal contra el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez Gómez, porque supuestamente habría hecho un supuesto pago de 7,5 millones de dólares a la empresa constructora brasilera OAS, antes de firmar el contrato de construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Del Granado señaló que ayer hizo llegar el fiscal de turno un memorial relacionado al caso de la construcción de la carretera, con la finalidad de ampliar la denuncia penal contra el titular de la ABC, por supuestamente haber incurrido en una conducta antieconómica, además de incumplimiento de contrato, delitos que tendrían sanciones de hasta ocho años de cárcel.

El opositor expresó que Sánchez, durante la gestión 2009, habría pagado 7,5 millones de dólares a la empresa OAS, sin que exista un contrato establecido esa gestión entre la ABC y la empresa constructora brasilera.

Argumentó que si bien existió un contrato entre OAS y el Gobierno boliviano suscrito en fecha 4 de agosto del 2008, este se encontraba en receso, debido a que las partes determinaron que el acuerdo no avanzaría hasta que se aprobara la ley de financiamiento, la que se decretó recién en abril de 2010.

“Lo que demuestra que el pago realizado el 1 septiembre de 2009 de 5 millones de dólares y el pago de 2,5 millones de dólares efectuado el 31 de diciembre del mismo año, haciendo un total de 7,5 millones de dólares, se llevó a cabo siete meses antes del decreto de Ley de Financiamiento; hecho que muestra de manera clara una conducta antieconómica que va en contra del Estado y da a conocer el incumplimiento de contrato”, dijo.

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Asimismo, el MSM denunció dilación, ilegalidad y burocracia del Tribunal Constitucional con relación al recurso de inconstitucionalidad de la Ley de “consulta previa” pues según la normativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tenía 10 días para admitir o rechazar la demanda, plazo que se cumplió el pasado viernes.

Del Granado sostuvo que “el Tribunal Constitucional ha inventado un procedimiento ilegal y burocrático que estable tres pasos previos a la admisión del recurso: ingreso, registro y recién la comisión de admisión” y señaló que la demanda presentada por los diputados Fabián Yaksic y Marcela Revollo se encuentra en el operador de ingreso desde el 28 de febrero.

“Son 12 días de dilación, estamos ante una violación de la norma de parte del Tribunal Constitucional y, lo que es peor, ante prácticas dilatorias mayores a las que tuvo antes el Tribunal Constitucional. ¿De qué nueva justicia constitucional hablan los voceros del gobierno si está claro que estamos frente a una retardación de justicia?”, cuestionó.