Ante la aprobación en detalle de la Ley de Revolución Productiva que viabiliza el uso de 1.200 millones de dólares para beneficio de empresas públicas, el diputado por Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterios, manifestó que con esta norma se confiere un poder especial al Estado para disponer libremente de los recursos de las reservas internacionales y establecer una competencia “poco sana” con el sector productivo privado.
“Lastimosamente estamos volviendo a replicar los errores del pasado a través de esta Ley que confiere un poder especial al Estado para poder distribuir al libre albedrío los más de 1.000 millones bolivianos de las reservas nacionales que se destinan para poder llevar adelante un mecanismo de potencialización al tema productivo industrial”, manifestó el legislador.
Por otro lado, el diputado por Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, indicó que esta normativa es un “castigo” a los sectores rurales, pequeños y microempresarios del país.
“Estos sectores son excluidos del crédito, que en realidad es para las empresas públicas y privadas donde el Estado tiene mayoría”, citó.
A su turno, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Marcelo Elío, señaló que esta normativa es un proyecto sustitutivo de la Comisión de Planificación y Finanzas del proyecto recibido originalmente del Órgano Ejecutivo.
Aclaró que la norma no establece la búsqueda de réditos financieros en el ámbito de retorno, sino que se trata de un fondo rotatorio que debe “girar” y beneficiar a la diversidad de industrias nacionales. Elío destacó que los $us 1.200 millones entran dentro del fondo rotatorio y que este fondo se alimentará con recursos de cooperación internacional.
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