Estéril reacción oficial contra el crimen

El pueblo boliviano es víctima de una virulenta ofensiva de oscuras fuerzas de varias clases de delincuencia, en particular del narcotráfico, mafias, pandillas, cárteles y otras formas de grupos sociales dedicados a atentar contra la seguridad de los ciudadanos. Ante esa crítica situación, el pueblo ha emitido su grito de indignación pidiendo la atención de los mecanismos del Gobierno y protestando contra la ineficacia policial y, naturalmente, ha empezado a anunciar que procederá con mano propia en su legítima defensa y que aplicará el sistema de linchamiento de acuerdo con la ancestral “justicia comunitaria”, hoy vigente en la Constitución.

Frente a tan dramática situación, las autoridades han reaccionado en forma tímida y, en algunos casos, estéril, por lo cual la solución a la falta de seguridad ciudadana pareciera que se aleja cada vez más, lo que podría determinar que la seguridad para la vida de la ciudadanía se convierta en un anhelo inalcanzable.

Frente a la crisis social, las autoridades responsables han anunciado algunas medidas colaterales para defender a la población (asunto de su incumbencia de acuerdo con la Constitución y las ofertas electorales), aunque en vista de su ineficacia y al haber sido sobrepasadas por la ola delictiva, se han visto obligadas a dar dos soluciones inesperadas, por un lado, demandar a la ciudadanía que participe directamente en el combate contra el crimen y, por otro, que las Fuerzas Armadas intervengan en la represión contra las bandas de cogoteros, mafiosos, atracadores y pandilleros.

Otra iniciativa del Gobierno para enfrentar el problema ha sido débil e incongruente y está, naturalmente, destinada al fracaso, al igual que otros intentos, ya que los anuncios se limitan a medidas superficiales y algunas veces tomadas por los cabellos. Con seguridad, no llegarán a alguna parte, por lo que la delincuencia continuará su curso impunemente.

En efecto, el hecho de que se ofrezca eliminar el crimen sancionando a los fiscales, intensificando los patrullajes, haciendo que soldados inexpertos cumplan la función de policías, que aumenten los castigos o se instale cámaras de seguridad en las calles, es poco menos que una manifestación de ingenuidad, ya que ante esas disposiciones elementales, los criminales no sólo van a continuar sus actividades ilegales sino van a incrementarlas.

La cumbre para “profundizar el cambio” de Cochabamba y el gabinete ampliado de Coroico se ocuparon de la inseguridad ciudadana y pidieron medidas de fondo. Sin embargo la reacción del Ejecutivo resultará inútil ya que no entra al fondo de la cuestión delictiva, pues se reduce a proponer soluciones poco menos que ingenuas y pueriles, como hacer modificaciones al Código Penal, sancionar a los fiscales ineficientes, aumentar la calidad y cantidad de los castigos, renovar autoridades y otros, puntos que, por lo demás, tardarán en aplicarse porque requieren prolongados estudios, mientras el crimen seguirá rampante y campante en las ciudades.

Se observa, pues, que las autoridades responsables de la seguridad ciudadana no están asumiendo como es debido sus responsabilidades, ya que están actuando de manera pueril y sin entrar al fondo del problema, que es donde se origina la crisis. Por tanto, las medidas oficiales son débiles y estériles y lo que estarían haciendo sería, en realidad, echar leña al fuego de la inseguridad ciudadana.