El presidente regional de la Unión Nacional de Víctimas Políticas, Gilberto Mamani, informó ayer que prevén extender las medidas de presión en todo el país, en demanda del cumplimiento de la Ley 2640, que establece el resarcimiento “excepcional” a los ex presos y exiliados políticos de ex dictaduras.
“Están expresos y exiliados políticos de los departamentos de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Beni, Tarija y de La Paz es la mayor parte. En forma nacional se va a masificar más, por que a medida que pasa el tiempo van llegando más personas”, señaló.
El representante recordó que esa norma fue promulgada en marzo de 2004, en la gestión del expresidente Carlos Mesa e indicó que hasta la fecha no se da cumplimiento “efectivo” de la misma.
Al menos 50 personas mantienen vigilia en puertas del Ministerio de Justicia, desde la mañana del martes y otras 8 ingresaron en huelga de hambre exigiendo al Gobierno la inmediata aplicación de la Ley 2640, que establece un resarcimiento excepcional a todas la víctimas de violencia política en periodos de gobiernos dictatoriales.
El dirigente del sector informó a ABI que tienen previsto reunirse en la jornada con la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, para llegar a un acuerdo que ponga fin a la protesta.
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