Nuevos ataques al periodismo y sus normas

Los constantes ataques verbales de la clase política contra la labor periodística van en aumento mientras la Ley de Imprenta como instrumento de regulación de la labor periodística y la libertad de expresión que todo ciudadano tiene como derecho ciudadano vuelven al debate tras una sentencia penal contra el editor de un medio impreso que aún no sustenta sus pruebas.

En las últimas semanas, los hechos de agresión a los periodistas sumaron en el país como la agresión a dos periodistas durante la reunión de gabinete ampliado de Coroico, cuando el personal de seguridad de Presidencia decomisó una grabadora de una reportera radial.

A estos ataques, un caso sobrepasó las líneas de la Ley de Imprenta, con la denuncia y posterior condena al director de la publicación Larga Vista, Rogelio Peláez, por supuestas ofensas, calumnia y difamación al ciudadano Waldo Molina.

“Se está criminalizando el trabajo periodístico. Quieren escarmentarnos, quieren provocar que nos hagamos de la vista gorda. Los periodistas por naturaleza, interpelamos al poder. La cobertura periodística es una manera de fiscalizar las denuncias públicas, no pueden penalizar, el pensar, el discernir, el analizar, el comentar y el opinar, la verdad nunca es calumnia”, citó Peláez.

El proceso en contra del director del mensuario “Larga Vista” fue iniciado a través de la vía penal ordinaria por el ciudadano Waldo Molina a quien el periodista habría ofendido. El juzgado Tercero de Sentencia del Distrito de La Paz halló a Peláez culpable de estos “delitos contra el honor” y le sentenció a dos años y seis meses de cárcel a cumplir en el penal de San Pedro de La Paz.