Con una nueva gestión del Gobierno, se entiende muchas de nuestras realidades; una de ellas es, con seguridad, el tomar en cuenta que las tantas veces anunciadas reservas de gas no habían sido tales y que las estadísticas mostradas en su momento, especialmente a partir de mayo de 2006, eran simples argumentos para “tranquilizar o convencer al pueblo sobre las medidas tomadas con la “nacionalización”. La verdad es que desde ese año se ha manejado diversas cifras que nunca encontraron coincidencias con los supuestos del pasado y menos con las poco optimistas de las empresas petroleras.
En mayo de 2006 debimos encarar la respuesta a una pregunta: ¿cómo, sin conocimiento sobre reservas, encaramos los contratos de venta a la Argentina y al Brasil? Entonces, con señales de alarma, algunos técnicos especialistas anunciaron que el gas existente no alcanzaría a cubrir las propias necesidades y que, más temprano que tarde, los contratos con el exterior implicarían riesgos y problemas.
Hoy, a muchos años de los contratos, encaramos esas verdades y, dadas las pocas expectativas que podemos tener sobre la existencia de hidrocarburos en nuestro territorio, llegan los momentos de lamentar y dolernos con la pregunta ¿qué haremos si fallan los cálculos sobre reservas? ¿Llegaremos a cubrir los montos acordados en contratos? ¿Cubriremos nuestras necesidades? ¿Con qué cumpliremos los programas domiciliarios y aquellos que signifiquen el cambio en automotores para evitar gasto de gasolina? ¿Qué resultados tendrán las nuevas inversiones – si es que se las tiene – en labores de prospección, exploración y explotación de posibles nuevas napas gasíferas?
Las preguntas fluyen interminablemente y no alcanzan a los posibles lamentos en que estamos inmersos. Para empezar, éstos se acrecientan cuando se informa que Argentina y Brasil encuentran nuevas áreas gasíferas. Si ello es exacto, tendrán con qué cubrir sus necesidades y podrán prescindir de los contratos con Bolivia; pero, si no es así ¿cuál será el futuro? Hay una verdad que el Gobierno tendrá que encarar: aprobar – pese a sus reticencias – una ley que garantice las inversiones y abrir las compuertas para que capitales extranjeros y nacionales puedan actuar en el país en plena posesión y goce de situaciones que impliquen tranquilidad y posibilidades de trabajo efectivo en Bolivia; de otro modo, ¿qué hacer? Es preciso entender que ningún inversionista – nacional o extranjero – jugará “a la ruleta” con su capital y si invierte, será contando con las seguridades jurídicas tan reclamadas por la colectividad y siempre soslayadas por el Gobierno.
Es preciso, pues, que el Gobierno defina sus políticas sobre el gas y reservas porque no bastan los anuncios grandilocuentes que no contienen mayores verdades que algunos supuestos. Sólo el reconocer realidades nos permitirá encarar el futuro como es deseable. Ministerio y entidades que tienen que ver con hidrocarburos tendrán que informar claramente al país, y al propio Gobierno, sobre realidades, ya que, hasta ahora, por todo lo dicho parecería que se extendió simplemente una cortina de humo o, peor, datos y cifras que tranquilizan por minutos, pero dejan angustias y preocupación por mucho tiempo. El Estado, por acción del Gobierno, precisa saber sus verdades y los casos del petróleo y el gas merecen conductas transparentes.
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