Beatriz Illanes Zelaya
Hace poco tiempo el presidente Evo Morales promulgó la Ley Corta, es decir la Ley de Protección al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), atribuyendo su proyección y elaboración exclusivamente a la dirigencia indígena conformada por miembros de la Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), hecho que provoco el festejo y algarabía de ellos y, por qué no decirlo, cierta tranquilidad y un buen estado de ánimo en la población en su conjunto.
Tal normativa legal tiende a proteger este territorio declarado como parque nacional, estableciendo en partes sobresalientes su intangibilidad y que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos no atraviese esta reserva natural.
Sin embargo poco duraría este hecho, pues inmediatamente después se generó una nueva marcha, integrada también por indígenas de la misma región, organizada por el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), para muchos auspiciada y alentada enteramente por el oficialismo, por las características de desarrollo de la precitada movilización indígena. Estos indígenas, en franca contradicción con los primeros, alientan la construcción de dicha carretera, alegando que el subdesarrollo de esta región se debe a la falta de vertebración caminera.
Ahora bien, los unos con los otros hasta la fecha no encuentran por lo menos un indicio de convergencia en cuanto a sus posiciones opuestas. Se observa claramente que cada grupo tira por su lado. Los de la CIDOB son inquebrantables guardianes de esta región y propenden a mantener el TIPNIS totalmente intangible, en el buen sentido de la palabra, libre de cualquier propósito depredador del hombre, que lo es por naturaleza, con las disculpas del caso a los de mi especie. Además dicha área se encuentra tutelada por nuestra Constitución Política del Estado y convenios internacionales.
Por otro lado tenemos a los del Conisur que apoyan la construcción de esta carretera, que tienen tendencia al progreso, entendido como conducción para mejorar la vida del hombre mediante el aumento de bienes y servicios puestos a su disposición, y al desarrollo, comprendido como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. En síntesis, ambos conceptos tienen que ver con la calidad de vida para los habitantes de esta zona y su inclusión en la sociedad actual.
Se vislumbra de pronto que la solución no es la derogación o abrogación de la Ley Corta, sino más bien se tendría que ver la probabilidad de una consulta nacional, donde TODOS los bolivianos, dueños de nuestra casa, tengamos que decidir sobre ese parque natural. No se debería hacer una consulta únicamente entre los pobladores de esa región, en razón de que dicha Ley de Consulta no sólo está siendo resistida, sino también rechazada categóricamente por la CIDOB, protectora de esta área que no sólo es reserva nacional sino mundial, por lo que el Gobierno tendrá que tomar una decisión sabía e inteligente para evitar mayores conflictos entre los habitantes de esta misma región.
Finalmente se tendrá que apelar a la más sana, pulcra y correcta razón para tener un TIPNIS protegido e intangible pulmón de la tierra versus un TIPNIS con carretera, progreso y desarrollo.
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