Ley agraria neoliberal aplica el Gobierno

Varios especialistas en materia de reforma agraria se pronunciaron desde hace tiempo en sentido de que la “Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”, que puso en aplicación el gobierno de Evo Morales, es nada más ni nada menos que la misma Ley INRA que aprobó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada el año 1996, a la misma que se le hizo algunas reformas y adiciones que, por lo demás, agravaron el sentido antidemocrático de esa disposición legal.

Las críticas a la disposición legal en vigencia señalaron que ésta era la culpable de un retroceso de la economía agraria a niveles nunca antes conocidos y que, al mismo tiempo, causa no sólo la caída de la producción, la ruina de los pequeños y medianos agricultores sino, en especial, la migración del campo a las ciudades y, finalmente, el incremento de la delincuencia que aterroriza a barrios urbanos.

Pasados pocos años, al presente se comprueba que las previsiones de los especialistas se cumplieron en los hechos, en particular la caída de la producción de alimentos, que ha significado que el país pierda la anunciada soberanía económica, tantas veces pregonada por la tienda gobernante.

Pero además de esas apreciaciones ahora, finalmente, un organismo de estudio de la economía agraria ha denunciado que la actual disposición legal agraria en vigencia “sólo es una leve modificación a la Ley INRA de 1996”, que la legislación agraria actual es la misma que el Banco Mundial propuso al gobierno de Sánchez de Lozada, la misma que sólo impulsó la agricultura del oriente, dejando de lado las actividades rurales de occidente, etc. Las críticas se las comprueba al constatar en los hechos el alza de los precios de los alimentos y la creciente importación de productos para el consumo, creando, en esa forma, una engañosa apariencia de abundancia.

La actual legislación agraria, conocida como “Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”, aprobada y puesta en aplicación por el gobierno del MAS, resulta, por tanto, la prolongación de la Ley agraria INRA que aprobó el gobierno de Sánchez de Lozada, disposición que fue criticada por los expertos en materia agraria y calificada como la restauración del sistema semifeudal anterior a 1953, por negar a los campesinos el derecho de propiedad de la tierra y, al mismo tiempo, establecer las condiciones para que se retorne al sistema de producción feudal.

Para empeorar más la situación, la nueva ley agraria de Evo Morales no sólo retrocede al feudalismo, sino da largos pasos hacia al régimen esclavista incaico e inclusive recula al tiempo de los ayllus primitivos, formas que son las causas para la aparición masiva de grandes problemas sociales en todo el país y que resultan agravados por las dificultades climáticas que, por lo demás, son producto del abandono y mala atención de la tierra y la sustitución de grandes extensiones dedicadas a verduras, granos, tubérculos, fruta, ganadería, etc., por cultivos de coca.

En esencia se puede decir -en torno a la declaración de CEDLA- que el Gobierno actual se ha constituido en mero administrador de la ley agraria que dictó Sánchez de Lozada, o sea que está aplicando una medida sugerida por el Banco Mundial y que, además, no tiene la menor intención de modificarla.

Según esa fundación, “Estas son las causas para que no exista impacto en la producción agrícola”, a lo que se agrega que la inseguridad alimentaria sigue creciendo “porque las tierras no producen impacto ya que las TCOs no pueden ser utilizadas en producción agrícolas y no son tierras de producción forestal”. Y concluye con que “pese a la reforma agraria del MAS, la tierra en el país se encuentra mal distribuida”, reiterando, finalmente, que la ley agraria del MAS “sólo es una leve modificación a la Ley INRA de 1996”.