Caso TIPNIS, impunidad impide investigación

Los hechos del 25 de septiembre en contra de los marchistas del TIPNIS, y que ha protagonizado la Policía, han sido enviados, para su tratamiento legal, al Poder Judicial; entonces, autoridades del Ejecutivo y de los estrados judiciales afirmaron: “la justicia identificará a los culpables y las investigaciones que se haga impondrán las leyes”. Han transcurrido varios meses y el retraso se siente en todo sentido porque la impunidad no permite que los trámites corran como es debido. Promesas que van y vienen por parte de las autoridades, pero dejando en la impunidad hechos que debieron merecer atención prioritaria en su tratamiento y en el menor tiempo.

La posesión de nuevos magistrados, en enero pasado, dio lugar a declaraciones como: “La justicia actuará enérgicamente con los casos que hasta ahora no merecieron atención alguna”. Se hizo referencia entonces, por parte de los interesados, sobre cuándo y cuánto merecerá atención el caso “25 de septiembre y los TIPNIS”; las promesas de siempre y esas autoridades, pese a las ofertas de cambio, nada hacen. La sensación en la colectividad es que “ni elección ni cambios judiciales dan lugar a que la justicia sea debidamente administrada”; en otras palabras, “la justicia boliviana sigue siendo la peor injusticia” – dicho popular que tiene vigencia desde hace muchas décadas, pero que ninguna autoridad se ha preocupado para trocarla en sentido contrario –.

El que los estrados judiciales no actúen en este caso no es de extrañar y baste un hecho para esta afirmación: pasado el problema, dictada la “ley corta” a favor de los marchistas, es el Presidente el que pide su anulación. Entonces, ¿qué se puede esperar si ni la ley aprobada sirve? ¿Cómo se puede creer que los afectados - en este caso, marchistas del TIPNIS; no de la “fuerza especial” (Conisur) que pretendió contrarrestar políticamente acciones que han merecido el apoyo de toda la colectividad – tengan esperanza de que el poder Judicial actúe y encare los procesos debidos en contra de policías que han cometido abusos criminales contra mujeres, niños, ancianos y campesinos que han intervenido en la marcha el domingo 25 de septiembre?

La administración de justicia, para ser tomada con la seriedad debida y merecer respeto y consideración por parte de la comunidad, precisa basar sus actos, razonamientos y tratamientos de los casos puestos a su consideración y resoluciones, en la verdad, la transparencia, la honestidad y responsabilidad; los que deben cumplir esa misión son sus representantes que son los jueces, fiscales y personal que interviene en todos los actos que implica administrar un derecho tan importante de la vida humana. No actuar dentro de estos parámetros es deshonestidad y servicio a intereses subalternos.

El caso TIPNIS no puede ser relegado a la irresponsabilidad de quienes seguramente reciben consignas político-partidistas ni prestarse a convenios que nada tienen que ver con una límpida administración ni con un trabajo que debe ser honra para quienes lo desempeñan. Trabajar en cualquier institución que implique servicio a los derechos humanos debe ser considerado un honor que se hace a quien se encomienda su cumplimiento. Los campesinos que integran el TIPNIS han obedecido a exigencias de la justicia y la verdad al defender sus derechos y pedir que se actúe dentro de los parámetros de las leyes; hoy, al ver que lo que se firmó como ley – de acuerdo con la CPE que se juró cumplir – se anula porque así conviene a intereses creados, bien se puede sostener el peligro en que están los derechos humanos cuando la justicia pende de una especie de “espada de Damocles”.