La declaración del presidente Evo Morales en sentido de que algunos de sus actos serían ilegales, porque fueron fruto de los consejos “de sus abogados y abogadas” y que él no podría ser responsable de ese tipo de actos porque “no llegué al Gobierno para engañar”, ha originado un ataque de urticaria entre los constitucionalistas del Foro boliviano y no menos sorpresa en la población en general, mucho más cuando agregó: “Si me juzgan, si me meten a la cárcel, iré contento, pero yo diré públicamente que por ellos (los asesores) estaré yendo a la cárcel”. Sin embargo en cierta oportunidad manifestó categóricamente: “Yo le meto nomás. Si lo que hago es ilegal, llamo a mis abogados para que lo hagan legal. Para eso se les paga…”.
El rapto de sinceridad del primer mandatario tiene significación implícita, pero, en todo caso, confirma por boca propia que recibe consejos impertinentes de sus “abogados y abogadas”, que le estarían haciendo “meter la pata”, lo cual muestra que quienes, en realidad, están detrás del solio presidencial son los asesores, acerca de quienes la prensa ha estado llamando la atención y señalando desde hace tiempo, en forma machacona, que éstos deberían ser cambiados para evitar, en esa forma, daños tanto a la dignidad nacional como a la presidencia, y así no hundirse en ridículo y en errores que son motivo de mofa a nivel internacional.
El hecho de que los “abogados y abogadas” que fungen de “asesores” del Presidente tengan tanta influencia para imponer sus ideas revela que tienen poderes casi ilimitados para sugerir al primer gobernante que diga impertinencias, como las ya famosas coplas carnavaleras, el asunto de la carne de pollo y muchas otras opiniones que giraron por todo el planeta causando desprestigio tanto del Gobierno como del país.
En efecto, esa confesión de parte significaría que el centro del Gobierno depende de los “asesores” y que serían ellos los que tienen en sus manos las riendas del país y “manejan” al primer mandatario como les conviene y de acuerdo con el estado de ánimo que tienen al levantarse de cama. En síntesis, se podría concluir que al presente el país tiene “un gobierno de asesores”.
Sin embargo que el presidente Morales trate de reducir sus errores echando la culpa de ellos a sus consejeros no sería suficiente motivo para ser exculpado, pues su responsabilidad es inherente a sus funciones, al extremo de que él mismo dice estar dispuesto a ir “contento” a la cárcel “seguramente por no entender las normas y porque algunos abogados me hicieron meter la pata”. Es más, en todo caso, el Presidente está imposibilitado de lavarse las manos, por más que diga que “no llegué al Gobierno para engañar”.
Una alta autoridad requiere regularmente de asesores idóneos, pero por eficientes que ellos fuesen, sus consejos no deberán ser aceptados a tontas y a locas, sino el interesado debe tener el sentido del criterio, la medida para valorar las cosas, es decir un recurso para comprobar la veracidad o falsedad de tal o cual consejo, hipótesis o aseveración. Debe saber comparar entre el bien y el mal y someterse a la práctica como criterio de la verdad.
Utilizando ese sentido axiológico, quien recibe una sugerencia debe valorarla para ponerla en práctica y no cumplirla sin alguna reflexión. De ahí que personas que carecen de la virtud del criterio están condenadas poco menos que al suicidio o ir a parar solas a la cárcel por más contentas que se sientan, pues, seguramente, los asesores se lavarán las manos afirmando que el titular bien podría aceptar o rechazar las sugerencias, porque ellos eran simplemente colaboradores.
En todo caso se observa que, hasta el presente, el país ha tenido un gobierno de asesores, pues ellos estuvieron aconsejando y manejando el Estado, al extremo de que el mismo Evo Morales declaró que “Si el Presidente ha cometido algún error, algún delito, júzguenme, procésenme y castíguenme, pero también debo decirles que si algún error o delito voy a cometer, debe ser por culpa de mis abogados y abogadas…”.
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