Juicio oral contra ex Prefecto Luis Aguilar sufre retardación

Oruro, 20 (EL DIARIO).- El juicio oral contra el ex prefecto del departamento, Luis Alberto Aguilar, que debía ser instalado hace tres semanas, sufrió demora por diferentes causas promovidas por la parte acusada. La anterior semana se postergó porque su abogado no acudió a la audiencia, confirmó el secretario de asuntos jurídicos de la gobernación, Edgar Ajata Mariaca.

“En la tercera sesión, que fue convocada por el juez, se tendrá que nominar a un abogado defensor de oficio. Estamos esperando la instalación de esa audiencia, para iniciar el juicio contra las ex autoridades de la Prefectura”, dijo.

Las ex autoridades presuntamente involucradas en el caso del fracasado proyecto del Puerto Seco de Oruro, son: Alberto Luis Aguilar Calle, Patricia Catherine Jaldín Jallaza, Tomás López Villarte, Fidel Gutiérrez Martínez y Víctor Hugo Moreno Sotomayor, quienes son acusados por conducta antieconómica y otros, que están sancionados por el Código Penal.

El caso del Puerto Seco de Oruro fue denunciado el 21 de agosto del 2009 por el viceministro de lucha contra la corrupción, Hugo Raúl Montero Lara, pero desde entonces, recién se podrá iniciar el juicio oral, luego de dos años y ocho meses de investigación por parte de los fiscales del Ministerio Público de esta capital.

Según el cuaderno de investigaciones, “el imputado Alberto Luis Aguilar Calle, en forma irregular habría suscrito contratos con carácter retroactivo, dentro de la ejecución del proyecto Oruro Puerto Seco, como el contrato de servicios 031/07, del 27 de junio de 2007; otro contrato de servicios 358/2008, de 15 de abril de 2008, contrato de personal No. 0108/08, de 18 de diciembre de 2008, amparado en la Resolución Prefectural 547/08, de diciembre de 2008”.

Otro de los principales responsables del proyecto, era Víctor Hugo Moreno Sotomayor, a quién se le acusa, presuntamente por “haber efectuado uso indebido de recursos, al realizar pagos extra presupuestarios, beneficiando de esta forma a terceras personas en gastos de consumo de restaurantes, hostales y pago de pasajes aéreos, entre otros, incumpliendo lo determinado en el art. 25 del Decreto Supremo 21364, Reglamento de la Ley Financial de 20 de agosto de 1986, prorrogado en su vigencia por el Decreto Supremo 21781, de fecha 3 de diciembre de 1987, referido al uso indebido de fondos y los gastos extra presupuestarios”.

Los contratos fueron suscritos con la empresa Sukini Design, representada por Mariela Paredes Dulón, por los servicios en comunicación “Estrategia de Comunicación, logística de prensa y protocolo”, por un importe de 82.977.

La empresa Sukini Design –según la explicación del Ministerio Público-, “no se encuentra inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes, por lo que no cuenta con NIT (Número de Identificación Tributaria).

El otro contrato fue firmado por Alberto Luis Aguilar Calle con Alvaro Omar Landa Durán, para la realización del estudio de localización de Puerto Seco de Oruro, por un costo de 140.000 bolivianos, pero el estudio no fue entregado y, más por el contrario, fue descartado por la actual Gobernación, porque “no existe el estudio”, motivo por el cual se tuvo que encargar a otros funcionarios para esa localización.

La ubicación del Puerto Seco –según el primer supuesto estudio-, debía concretarse en Soracachi, ubicada a 20 kilómetros al Noreste de la ciudad de Oruro. Con el nuevo estudio, el proyecto se pretende ubicar en Jiquilla, ubicada a 15 kilómetros al Sureste de la ciudad de Oruro.